Los pescadores industriales anunciaron que acudirán al Congreso de la República para pedir cambios a la Ley de Extinción de Dominio, toda vez que -bajo este proceso- “se vienen cometiendo abusos en el sector”, como incautación de embarcaciones y otras herramientas de trabajo de esta actividad formal.
“Nos acercaremos al Parlamento para que no se dejen sorprender por las autoridades judiciales que muestran sesgos o intereses políticos, y que vienen no solo criminalizando nuestra actividad, sino que ahora nos comparan con terroristas”, explicó Franklyn Gonzales, secretario general del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP), gremio que agrupa a más de 2,000 pescadores afiliados.
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En un comunicado, el SUPNEP rechazó las declaraciones del juez supremo Manuel Luján Tuján, quien comparó la labor de los pescadores con los actos terroristas perpetrados en décadas pasadas.
“Muchos pescadores hemos luchado por la pacificación de nuestro país para que ahora, sesgadamente, nos comparen con esa lacra por defender su posición”, indicó el sindicato.
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El SUPNEP señaló que, pesar de que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha reconocido que no se puede establecer con precisión la detección de especies hidrobiológicas en tallas menores, el Ministerio Público y el Poder Judicial califican la pesca de juveniles o incidental como tráfico ilegal de especies acuáticas, lo que ha generado la incautación de embarcaciones pesqueras, como si se tratase de bienes provenientes del crimen organizado.
“Exhortamos al Congreso a no dejarse llevar por las argumentaciones falsas y sesgadas de ciertas autoridades y, por el contrario, que se corrija esta norma a través de un mecanismo que respete el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica”, recalcó el gremio.
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Casos en curso
Al respecto, la abogada Jennifer Vilches, especialista en derecho ambiental, informó que existen otros 157 casos de embarcaciones formales que, por haber cometido infracciones administrativas (como pesca incidental), podrían correr el riesgo de ser incautadas bajo la ley de extinción de dominio.
“Se trata de embarcaciones que tienen licencia de pesca, su tripulación tiene contratos laborales, tienen autorización de zarpe por la autoridad marítima; por lo tanto, no se les puede incluir como actividades de crimen organizado”, explicó.
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