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La presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley para lograr el adelanto de elecciones para el 2024 pero, ¿qué implica ello? ¿Qué es lo que sigue? Además, ¿su proyecto es necesario considerando que ya existe una iniciativa para adelantar elecciones al en trámite?
Primero que todo hay que entender que para poder adelantar elecciones se requiere una modificación de la Constitución, por lo que, obligatoriamente, se necesita la intervención del Congreso.
Asimismo, para aprobar una modificación constitucional se necesita que el proyecto sea aprobado en dos distintas legislaturas, o que se haga mediante la aprobación en una legislatura y un referéndum, según explica el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde.
Cabe indicar que solo se pueden llamar a elecciones generales si ello se hace con, por lo menos, 270 días de anticipación, según lo estipulado en el artículo 82 de la ley 26859, modificada en el 2017 por 30673.
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El proyecto ya en marcha
Hoy en día ya existe un Dictamen aprobado por la Comisión del Congreso para acortar el periodo presidencial, aquel recaído sobre los proyectos 1897/2021-CR y 1918/2021-CR.
Este dictamen dispone que el mandato presidencial actual culmine el 28 de julio del 2023 y que se llamen a elecciones generales dentro de 4 meses de aprobado el proyecto.
Al respecto, García Belaunde señala que llamar a elecciones al 2023 es casi imposible.
“Organizar elecciones generales tarda tiempo, entre 8 o 10 meses. Quienes dicen que las elecciones sean en el 2023 no están viendo todo lo que involucra unas elecciones: registrar padrones, realizar primarias, nombrar jurados electorales, entre otros aspectos”, explica.
En ese sentido, el Ejecutivo ya presentó un proyecto, el cual plantea que el fin del actual mandato presidencial culmine el 28 de julio del 2024 y que se realicen elecciones generales en abril del mismo año.
García Belaunde, además, señala que sería necesario cambiar el Jurado Nacional de Elecciones, ya que el actual no ofrece la confianza que se requiere de dicho órgano.
Cabe indicar que la actual legislatura termina el 15 de diciembre y la próxima legislatura comienza en abril, por lo que si el Congreso actual quisiera aprobar dicha norma tendría que adelantar la próxima legislatura, como se hizo en el 2000.
Al respecto, el ministro de justicia, Jose Tello, declaró en RPP que las elecciones se desarrollarían en el 2024 y que el Congreso debe dar prioridad al proyecto que ya presentó la presidente Boluarte al respecto.
“Creo que dadas las circunstancias, si desde el lado del Ejecutivo se están tomando todas las medidas para que esta crisis se supere, mínimamente el Congreso tendría que hacer lo propio (...). Lo que se tiene que dar es que el Congreso, en diálogo con el Ejecutivo, definitivamente priorice [este proyecto de ley]”, sostuvo.
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Antecedente
El Perú ya enfrentó una situación similar a finales del 2000, cuando el presidente Alberto Fujimori fue luego vacado por el Congreso el 21 de noviembre de dicho año.
En dicha situación se emitieron dos normas: la ley 27365 y el Decreto Supremo 028-2000-PCM.
La ley modificó la Constitución y estableció que el mandato del presidente y vicepresidente elegidos en las elecciones del 2000 concluía el 28 de julio del 2001.
Por su parte, el Decreto Supremo convocó a elecciones generales para el 8 de abril del 2001.
En dicha ocasión, el Congreso adelantó una segunda legislatura para poder aprobar la ley en el momento oportuno, como tendría que hacer el Congreso actual si quiere aprobar el proyecto que ya cuenta con dictamen.
Al respecto, Domingo García Belaunde, señala que el caso del año 2000 era distinto y sí ameritaba recortar el periodo presidencial ya que se dio un panorama de ausencia y de terror. “Fue una conmoción”, señala el experto.
De igual manera, Natale Amprimo, socio del estudio Amprimo, la situación del año 2000 era distinta a la actual ya que las mismas elecciones de dicho año se habían visto afectadas por corrupción, como consta en un número de pruebas, por lo que la legitimidad de la representación nacional estaba cuestionada, requiriendo de nuevas elecciones, caso distinto al actual.
Amprimo además señala que, en el 2000 inclusive renunciaron todos los vicepresidentes, por lo que las situaciones no son comparables.
El abogado agrega que considera que adelantar elecciones no sería lo correcto y sería ceder ante protestas e intereses políticos de terceros.
