El Proyecto Especial Legado, encargado de organizar los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, solicitó a la Contraloría General de la República auditar los procesos de contratación de las empresas que ejecutarán las obras para el evento deportivo, que se desarrollarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre.
Mediante el oficio 000011-2024-PEL-PEL, uno de los primeros documentos emitidos por su gestión, el director ejecutivo de Legado, Carlos Zegarra Presser, solicitó la revisión de los procesos y la aplicación del control concurrente a la Contraloría, para que verifique la idoneidad y el cumplimiento de la normatividad en la suscripción de los contratos.
“En aras de transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos, les solicito efectuar el control concurrente de la ejecución de los contratos descritos en el párrafo precedente”, se indica en el documento dirigido al contralor de la República, Nelson Shack Yalta.
Se refiere a los contratos AS N.º DL1577-SM-2-2024-PEL-1 y AS N° DL1577-SM-1-2024-PEL-1 para la Contratación de la ejecución de la Residencia y del Comedor, que estarán ubicados dentro de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
“No queremos que exista ni una sombra de duda que manche la transparencia de este proceso, que no se distraiga el foco de lo que debe ser lo más importante aquí: el esfuerzo de nuestros deportistas por alcanzar la gloria y llevar a lo más alto el nombre de nuestro país”, indica el también judoca olímpico Carlos Zegarra Presser.
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¿Por qué Legado pide revisar contratos para obras de los Juegos Bolivarianos 2024?
Las empresas que conforman el ‘Consorcio Bicentenario’, ganador de las licitaciones de las obras en Ayacucho, designaron como representante a Esperanza Rojas Gutiérrez, fundadora del movimiento regional que llevó a Wilfredo Oscorima al Gobierno Regional de Ayacucho.
Sin embargo, según una investigación periodística de Latina, Rojas Gutiérrez, no solo se habría adjudicado S/ 22 millones por las obras para los Juegos Bolivarianos, sino que ya habría sido previamente beneficiada con otros contratos en su etapa como gerenta financiera de la empresa Dyacons SAC.
El gobernador Oscorima a su vez es testigo en una investigación seguida en contra de la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción por haber aceptado a modo de ‘préstamo’ relojes Rolex de parte de la autoridad regional y a quien habría beneficiado con la transferencia de presupuesto para obras.
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