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Únete al canal de GestiónLa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el secuestro y extorsión sufrido en Cajamarca, departamento del noroeste de Perú, por un equipo de periodistas de la cadena América TV, a quienes se obligó a leer una proclama en directo como condición para ser liberados.
En un comunicado, la organización hemisférica pidió a las autoridades locales que investiguen los hechos y se lleve ante la Justicia a los responsables para evitar que actos como estos se repitan.
La SIP detalla que el periodista Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un conductor del equipo de América TV fueron interceptados el miércoles por miembros de organizaciones rurales de auto defensa, denominadas ronderos, en esa área de Perú.
Los secuestradores obligaron a Quispe, del programa dominical Cuarto Poder, a leer en vivo un comunicado como condición para ser liberado.
El equipo de América TV había viajado a la comunidad de Chadín, en el departamento de Cajamarca, para recabar información sobre un caso que involucra a Jenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.
Los miembros de las organizaciones rurales denunciaban una supuesta imputación falsa contra Paredes.
El comunicado de la SIP indica que el equipo de América TV fue liberado la noche del miércoles después de la transmisión, aunque les retuvieron la cámara y los teléfonos celulares
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización, Carlos Jornet, repudiaron esos actos contra los periodistas por parte de grupos que “quieren hacer justicia por manos propias”.
“La naturaleza de esta acción de los ronderos no solo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país”, señalaron en el comunicado.
Canahuati, director ejecutivo del Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instaron a las autoridades a “investigar, señalar y juzgar a los autores del secuestro y la extorsión, para evitar que se repitan estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas”.
La SIP establece en sus declaraciones de Chapultepec y Salta un concepto que también se encuentra en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se identifica en este caso.
El artículo 9 de esta última establece que el secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
El comunicado de la SIP se suma a la condena del pasado martes por un ataque que sufrió la periodista mexicana Susana Mendoza Carreño, apuñalada la pasada semana en Puerto Vallarta (Guadalajara, México), lo que provocó una petición para que se investigue el caso.
