Uno de los factores que detiene el avance y crecimiento de las concesiones mineras en el Perú es la expansión de la minería informal e ilegal, alertó el Observatorio de conflictos mineros en el Perú.
Según lo reportado, aunque existen mineros informales que si pueden cumplir con todo lo reglamentado, otros no hacen peticiones para obtener una concesión o de plano no la necesitan para poder operar.
El estudio precisa que la actividad minera nacional puede estar siendo canalizada a través de estas modalidades, la cual va en aumento.
Además, se menciona que se sabe de empresas formales que compran mineral de origen informal o ilegal, escapando al sistema de catastro minero y provocando que el registro de concesiones no se incremente en el país.
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Otros factores de riesgo
Entre otros factores que podrían afectar las concesiones mineras en el país es debido al contexto económico mundial incierto. Se precisa que la recuperación tras la pandemia es incompleta y hay actualmente existen múltiples crisis de factor bélico, climático y comerciales como los aranceles, que afectan la confianza de los inversionistas.
Debido a que los proyectos mineros requieren inversiones de gran escala, los mercados financieros están siendo más cautos a momento de financiar nuevos proyectos mineros. Esta situación limita la reactivación de concesiones así los precios sean altos.
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Regresando al Perú, la exploración y el descubrimiento de nuevas reservas actuales han permitido que se mantenga una superficie concesionada alta, estabilizándose desde 2016 en alrededor de entre 19 y 20 millones de hectáreas.
El estudio sugiera que gran parte del potencial minero se encuentra bajo control de concesionarios y que los incentivos para ampliar rápidamente nuevas concesiones se han reducido, ya no hay tanto territorio nuevo por adjudicar.
El Observatorio de conflictos mineros en el Perú, precisó que hay conocimiento de empresas formales que compran mineral de origen informal o ilegal, escapando al sistema de catastro minero.. Foto: ANDINA
Transformado la conflictividad social
El auge de la minería informal en el Perú ha transformado la conflictividad social, desplazando el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. El 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio de la discusión sobre una nueva Ley MAPE, redefine la matriz de los conflictos, con disputas por control del territorio y beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.
Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que alcanzaron 256 acciones recientes. La mitad de estos conflictos son socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el dominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.
El informe detalla que 15% del territorio —unos 19 millones de ha— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie. En zonas como Pataz, donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central.
Por otro lado, el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19,000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 para las empresas mineras. El incremento desmesurado de precios es también un incentivo para la expansión de la actividad informal, señala el informe.
