La “licencia social” se consolida como una clave para las empresas españolas en Perú

La ‘licencia social’, un término todavía en construcción y que se aplica al grado de legitimidad social de las actividades y proyectos de una compañía, se ha consolidado como una de las claves para las empresas españolas que operan en Perú, según explicó a EFE el director general de la Cámara Española de Comercio en el país, Xavier Urios.

“(Esa licencia) supone todas las autorizaciones que no están incluidas en el contrato que se firma con el Estado y que tiene que ver con grupos de interés (...) que, si luego se sienten afectados, pueden activar otros derechos”, detalla Urios.

Cuando esos derechos no se tienen en cuenta, algunos casos pueden “derivar en juicios donde pueden” multar a la compañía o incluso terminar por retirarla del negocio.

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Quienes activan esos derechos son, en muchas ocasiones, comunidades nativas, campesinas o afrodescendientes.

Al respecto, Urios percibe que, a día de hoy, las empresas españolas tienen una percepción “muy buena” del trabajo con estas licencias, si bien reconoce que alrededor del periodo 2015-2016, hablar de los derechos humanos en foros empresariales era “un tabú”.

“Si tú sacabas esos temas significaba que eras ‘oenegero’, ‘antisistema’, ‘anti libre mercado’, ‘anarquista’ o ‘políticamente comunista’, pero, en cambio, cuando les llamabas a puerta cerrada a hacer reuniones para hablar de la consulta previa, encontrabas infinidad de ejecutivos y ejecutivas preocupadas por darse cuenta que se venía un mundo de intangibles que no se habían preparado”, comenta.

La evolución ha llevado a que, en la última ronda de contactos sobre este asunto, hayan tratado con 17 empresas y “todas han dicho que están interesadas”.

“Yo creo que hay una mensaje de esperanza, que no solo es el temor a penalización e incumplimiento de leyes, sino que tenemos un corpus de ejecutivos y ejecutivas en Latinoamérica que se están dando cuenta que hace falta cambiar las cosas y gestionar integralmente proyectos con miradas diferentes”, asegura.

Para ponerlo en marcha, Urios explica que lo primero es conocer “los territorios, sabiendo quiénes son los actores de referencia y conociendo muy bien la legislación nacional e internacional”.

Por eso, prosigue, se necesitan ejecutivos “que puedan manejar nuevas variables más allá de las económicas para poder tomar decisiones informadas”.

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El proyecto Akuaipa

Para orientar a las empresas españolas en Perú, la Cámara de Comercio de España en Perú puso en marcha un proyecto con la consultora social Akuaipa, que tiene como fin la promoción de la debida diligencia en derechos humanos como herramienta de gestión para prevenir la conflictividad social y dar mayores garantías jurídicas a sus proyectos fuera de Europa.

Mikel Berraondo, socio fundador de Akuaipa, explica que la consultora nació porque, tras trabajar mucho en el ámbito de la empresa y los derechos humanos, constató que se actuaba “demasiado en espacios de debate en espacios académicos, pero poco en terreno”.

“Vimos que era importante empezar a trabajar en terreno toda la parte de estudios de impacto en derechos humanos, planes de remediación, resolución de conflictos y ayudar también a todas las partes a poder generar espacios de confluencia y de negociación”, señala.

En el proyecto con la Cámara se ha involucrado también la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que “no solo es el financiador del proyecto”, sino que “es el precursor”, comenta Berraondo.

“En distintas conversaciones que tuvieron con nosotros y con la Cámara (de Comercio) nos animaron a juntarnos y a lanzar una propuesta de trabajo eminentemente práctica, que pudiese aterrizar todo el tema de la debida diligencia (en derechos humanos) y los retos que plantea el sector empresarial”, explica.

A esas empresas se les dirige para que puedan cumplir con esa debida diligencia en derechos humanos, lo que supone “un proceso de gestión de riesgos y de relaciones con comunidades, basado en el respeto de los derechos humanos y en la generación de confianza en el establecimiento, un diálogo social y en la prevención de los conflictos y las malas prácticas”.

Un desafío para las empresas, que ya se han puesto manos a la obra con el fin de garantizar su actividad futura.