La adquisición de nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya no solo gira en torno al tipo de aeronave que se elegirá o al presupuesto asignado, sino también al efecto que esta compra pueda tener sobre la industria nacional, la transferencia tecnológica y el empleo especializado en el país.
En la Base Aérea Las Palmas, la presidenta Dina Boluarte insistió con la continuidad del proceso de compra. Así, calificó de “inaceptable e irresponsable” que se intente minimizar la importancia de adquirir aeronaves de última generación.
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“¿Qué pretenden? ¿Dejar en desamparo a nuestras fuerzas del orden? No repitamos los amargos impasses de nuestra historia. No permitamos que la patria quede en la orfandad estratégica y militar, mucho menos ahora que económicamente nuestro país está dando la talla internacional”, afirmó hace unos días, al presentar nuevas aeronaves de instrucción y una ambulancia aérea.
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Más que una compra militar
Trasfondo económico. Perú tendría en frente una ventana histórica para transformar una compra militar en un proyecto de industrialización.
“Si se negocia correctamente, el offset puede marcar un antes y un después para la industria nacional. No se trata solo de aviones, sino de construir capacidades para competir en cadenas de valor globales”, enfatizó la Sociedad Nacional de Industrias.
En la práctica, esto implicaría abrir la puerta a empleos especializados, capacitación técnica, nuevos proveedores industriales y potenciales exportaciones. Algo que tanto Francia como Suecia, dos de los principales ofertantes, ya han aplicado en otros países con resultados tangibles.
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El rol del offset en la industria local
El interés del sector privado está puesto en cómo se aplicará el offset, es decir, los convenios de compensación industrial y tecnológica que los fabricantes deben ofrecer a cambio de la compra.
Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el offset es clave.
“Genera inversión, transferencia tecnológica y empleo local. Es la única forma que el Perú tiene para desarrollar una industria de defensa sólida con visión de largo plazo y capacidad de exportación”, sostuvo Pola Guanilo, presidenta del Comité Especial de la Industria de la Defensa.
Pola Guanilo, presidenta del Comité Especial de la Industria de la Defensa.
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Para la SNI el país debe avanzar hacia un offset indirecto, que no se limite a compensar a las Fuerzas Armadas, sino que impulse proyectos en sectores estratégicos como transporte, agua, energía, salud e infraestructura.
“El offset le daría al Perú mucho más que equipamiento militar: hablamos de inversión directa, empleos especializados y acceso a tecnología avanzada aplicable también a otras industrias”, enfatizó Guanilo.
En esa línea, la propuesta es potenciar empresas estatales como SIMA, SEMAN y FAME mediante alianzas público-privadas, para consolidarlas como polos de innovación y exportación regional.
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Mirada hacia los fabricantes
El interés por Perú ha despertado expectativa entre los fabricantes internacionales. En paralelo a la negociación en Lima, una comitiva peruana viajó a Francia y Suecia para continuar conversaciones con los fabricantes del Rafale (Dassault Aviation) y del Gripen (Saab), respectivamente. En mayo, el gobierno también visitó EE.UU., donde tuvo la oportunidad de acudir a la fábrica de Lockheed Martin, fabricante del F-16.
Fuentes de la industria señalan que ambas compañías han puesto sobre la mesa paquetes de cooperación industrial que no solo se limitan a defensa, sino que también podrían beneficiar a sectores como salud, medio ambiente y seguridad pública.
Si bien detalles como la instalación de plantas en el Perú aún están sujetos a negociación, el interés en la transferencia tecnológica aeroespacial y la capacitación de mano de obra local son aspectos que ya se discuten como parte del futuro acuerdo.
Los Rafale surgen de nuevo como opción para el Perú.
El Gripen es un caza "barato" comparado con el F-16 y el Rafale.
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El marco legal de la licitación
El proceso no está exento de complejidad legal. Según explicó el abogado Alonso Rey, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, la compra se realizaría bajo la modalidad de contratación gobierno a gobierno (G2G), amparada en la Directiva DIR-DEC-007 de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA).
“Las contrataciones G2G constan de dos fases: los actos preparatorios, que incluyen la elaboración del expediente técnico y la aprobación del decreto supremo; y la ejecución contractual, que comprende la negociación y perfeccionamiento del contrato”, detalló.
Alonso Rey, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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Rey subrayó que el ganador no se define por una decisión política, sino por un orden de prelación en función a criterios objetivos: precio, plazos de entrega, garantías, compensaciones industriales, entre otros.
Si bien la FAP había anunciado que a fines de julio se conocería el ganador, la demora no necesariamente implicaría un problema, explica Rey.
“El cronograma puede extenderse en casos justificados. Dada la magnitud de la compra, cada fase es sensible a revisiones y ajustes”, indicó.
En cuanto a transparencia, detalla, el proceso incluye la participación de la Contraloría con control simultáneo y contempla cláusulas anticorrupción que permiten anular contratos en caso de irregularidades.
Las etapas clave del proceso de compra
El camino hacia la compra de nuevos aviones militares no es inmediato. Según explica Alonso Rey, el proceso bajo la modalidad de gobierno a gobierno se divide en dos grandes fases: actos preparatorios y ejecución contractual.
En la primera fase, señala Rey, los actos preparatorios, la Fuerza Aérea y los órganos competentes deben elaborar un expediente que justifique la necesidad de los aviones. Aquí se definen las especificaciones técnicas, se identifican proveedores potenciales y se determina si el mercado local puede atender la demanda o si es necesario recurrir al extranjero. Además, se realiza por varias agencias del Mindef un análisis técnico-económico que concluye con la aprobación de un Decreto Supremo, requisito indispensable para avanzar a la siguiente etapa.
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Una vez superada esa etapa, empieza la negociación contractual, en la que se conforma un Comité de Negociación con siete miembros titulares. Este órgano es responsable de lanzar la Solicitud de Expresión de Interés (SEI), documento que establece los términos, condiciones de la compra y los criterios de evaluación, donde el precio es obligatorio pero también cuentan factores como el plazo de entrega, las garantías, penalidades y las compensaciones industriales (offset).
La etapa de negociación contractual atraviesa varias rondas -consultas, presentación de expresión de interés, propuestas iniciales y finales, publicación de resultados parciales- hasta llegar a un orden de prelación con los gobiernos oferentes. Solo después de ello se perfecciona el contrato, el cual exige, entre otros requisitos, la entrega de una carta fianza o depósito en efectivo equivalente al 10% del monto total como garantía de cumplimiento.
“Recién cuando el orden de prelación queda firme, las partes se encuentran obligadas a suscribir el contrato gobierno a gobierno. Todo este proceso busca asegurar transparencia y que el país obtenga no solo aviones, sino también condiciones favorables”, explicó Rey.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
