La ley promulgada por el Congreso, que impone a los medios de comunicación públicos y privados a otorgar una franja educativa del 10% de su programación para campañas de sensibilización contra la violencia contra la mujer, sería inconstitucional, alertó Roberto Pereira, asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
En el programa Cuentas Claras de Canal N, el especialista indicó que esta normativa tiene carencias técnicas.
“Es una norma, yo diría que es inconstitucional, es desafortunada por las carencias técnicas que tiene y además que no responde a una realidad, a la necesidad social que dice buscar. Es inconstitucional porque le impone a los medios de comunicación contenidos que van a tener un origen en instancias gubernamentales”, precisó.
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Pereira indicó que hay 12 entidades públicas que integran este sistema que utilizaría a los medios de comunicación para realizar campañas de sensibilización, a los cuales los medios deberían darles parte de su espacio de manera gratuita.
“Ese es un primer problema que tiene, que están imponiéndole la difusión de contenidos a los medios de comunicación. Contenidos con los que pueden discrepar, porque los medios están para eso, para fiscalizar, criticar y cuestionar las decisiones gubernamentales”, indicó.
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Asimismo, mencionó que esta norma sería una práctica expropiatoria, ya que los medios pagan su espacio para difundir sus contenidos, lo que los afectaría económicamente.
“Los medios pagan un canon al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, establecer que el 10% de su parrilla, su programación, va a estar destinada de manera gratuita al difundir estos contenidos, claramente están afectando también económicamente”, añadió.
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Además, Pereira precisó los medios de comunicación hacen el trabajo de fiscalización denunciando casos de violencia contra la mujer entre otras problemáticas. Por ello, el asesor legal indicó que lo que estaría fallando son las instancias estatales.
“Los medios de comunicación en el país son los que denuncian permanentemente los casos de violencia contra las mujeres, son los que cuestionan. La falta de recursos de las autoridades, la falta de atención en las comisarías para atender estas denuncias. Acá lo que están fallando y no hacen su trabajo son las instancias estatales que no dan presupuesto, no investigan adecuadamente, no sancionan a las autoridades que dejan de atender este tipo de problemas”, puntualizó.
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El Congreso aprobó por insistencia la modificación del artículo 46 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Esta nueva modificación impone a los medios de comunicación una serie de lineamientos orientados a fortalecer la defensa de los derechos humanos y contribuir activamente a la erradicación de la violencia de género. Entre ellas, se obliga, ya sean medios privados o públicos, disponer el 10% de su franja en la sensibilización de campañas.
Roberto Pereira, asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad, alertó que norma sería una práctica expropiatoria ya que los medios pagan su espacio para difundir sus contenidos, lo que los afectaría económicamente. (Foto: Congreso)
