La Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá a su cargo la investigación de delitos en la etapa preliminar, restando competencias al Ministerio Público, si es que el Ejecutivo decide promulgar un dictamen recientemente aprobado en segunda votación en el Pleno del Congreso, que propone modificaciones al Código Procesal Penal. Esta iniciativa legislativa ha generado opiniones divididas en torno a la imparcialidad y equilibrio del sistema de justicia.
El dictamen propone que la PNP tenga a su cargo la investigación preliminar del delito con la conducción jurídica del Ministerio Público. Para el exfiscal anticorrupción Martín Salas este dictamen es inconstitucional y explicó que, si bien la investigación se divide en subetapas, “es una sola”. “La investigación es una sola. Que se divida en subetapas como las diligencias preliminares y la investigación preparatoria no significa que deje de ser una unidad como investigación”, sostuvo en diálogo con Gestión.
Por su parte, el exfiscal supremo Víctor Cubas recordó que la facultad de persecución del delito lo tiene el Ministerio Público desde el año 1980 por decisión de la Asamblea Constituyente. “La investigación debe estar a cargo de un órgano autónomo. La Policía no está en condiciones de investigar porque es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio del Interior”, señaló.
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Un presupuesto adicional
Para que la Policía Nacional pueda cumplir con esta nueva responsabilidad, se requeriría un presupuesto adicional destinado a la capacitación de los efectivos policiales, así como para la logística que facilite el desarrollo de estas actividades.
“Lo más importante es el capital humano y eso lo tiene la Policía. Lo que va a necesitar es la logística, vehículos civiles, entre otros. No es muy costoso, es incluso más barato de lo que cuesta el Ministerio Público y va a tener mejores resultados”, señaló el exministro del Interior, Cluber Aliaga.
Por su parte, el extitular del Mininter, Remigio Hernani, indicó que uno de los puntos más importantes en lo que se deberá invertir con la eventual promulgación del dictamen es la capacitación. “Se debe incrementar el presupuesto porque necesariamente se debe capacitar a los agentes con buenos profesionales, y se debe tener en cuenta que se necesitará más logística y herramientas informáticas”, sostuvo.
En esa línea, indicó que, a corto plazo, se debe pensar en la implementación de una escuela de formación de policías de investigación criminal, así como considerar una escala salarial diferenciada para los agentes que cumplan con esta labor.
Autonomía e independencia en la investigación
Los exfiscales Martín Salas y Víctor Cubas coincidieron en que delegar las funciones de investigación del delito atenta contra la autonomía funcional del Ministerio Público y pondría en riesgo la imparcialidad del proceso.
Además, Cubas advirtió que los policías no están preparados para cumplir con este tipo de funciones. “La Policía no está preparada para investigar. ¿Quién estaría más preparado para investigar? ¿Un abogado que ha estudiado siete años en la universidad y que para ser fiscal requiere tener cinco años de práctica o un policía que estudia ocho meses?”, expresó.
Por su parte, Salas sostuvo que la Policía podría presentar complicaciones al momento de calificar jurídicamente los delitos en investigación. “También se va a perder la posibilidad que el Ministerio Público garantice, como defensor de la legalidad, la no vulneración de derechos fundamentales en el entorno de la investigación que realice la Policía”, acotó.
Asimismo, sostuvo que en este escenario es poco probable que un fiscal se arriesgue a pasar a la etapa de investigación preparatoria, bajo control judicial, con una afirmación policial que podría contener errores en la calificación jurídica. “Esto rompería los parámetros del debido proceso y vulneraría una serie de derechos fundamentales, es complicado”, enfatizó.
Otra de los aspectos que consideran podría afectar la autonomía de las investigaciones, es que la Policía Nacional, al depender del Ejecutivo, podría tener cierta injerencia en casos de presunta corrupción de funcionarios públicos.
“Tendrían a su cargo eventuales nuevas investigaciones al entorno de la presidenta Dina Boluarte. Así como tuvieron la osadía de intervenir la DIVIAC, con mayor facilidad lo podrían hacer ahora”, aseveró el exfiscal anticorrupción.
“Los delitos que se cometan en el Estado no deberían ser investigados por la Policía, porque los altos funcionarios no permitirían que se descubran los actos delictivos en los que están involucrados”, añadió Cubas.
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No significaría menos policías en las calles
Cluber Aliaga consideró que la Policía Nacional está en la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades sin descuidar el patrullaje en las calles, “ya que los policías dedicados a las acciones de prevención no pasan a ser detectives”.
“La única forma de hacer investigación criminal es teniendo la condición de policía, ni el juez ni el fiscal pueden hacerlo. Con estas modificaciones al Código Procesal Penal que se plantean, los policías podrán realizar un trabajo más efectivo y de mejor calidad. Debemos ser conscientes que el Código Procesal Penal actual está mal hecho”, argumentó.
A su turno, Remigio Hernani dijo no es necesario tener un alto número de policías en las calles para garantizar la seguridad ciudadana. Para ello, sostuvo que la PNP se puede apoyar en la tecnología de las cámaras de videovigilancia interconectadas para emitir alertas ante cualquier acto sospechoso y activar el accionar policial.
En la defensa legal
Durante el proceso de investigación preliminar, otro de los roles importantes lo ejercen los abogados defensores de los imputados. Francisco Valdez, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, consideró que la Fiscalía debe continuar al frente de las acciones en esta etapa ya que cuenta con mayor conocimiento y preparación jurídica.
“La Fiscalía es la única competente para abrir o cerrar una investigación, mientras la Policía está para protegernos frente al crimen. No podemos sobrecargar las funciones de investigación a la Policía porque no podrá cumplir con su trabajo”, manifestó.
En ese sentido, alertó que mantener las carpetas de investigación fuera del control fiscal podría abrir espacios a actos de corrupción.
Periodista. Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en prensa digital y TV.
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