El Congreso promulgó, por insistencia, la Ley N° 32293, con la que permitirán a los invasores que habitaron informalmente terrenos de comunidades campesinas, entre 2004 y 2015, acceder a un título de propiedad a través de Cofopri.
La norma modificó la Ley de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas (N° 24657) para que los ocupantes de terrenos de una comunidad campesina que no tenga la condición de pueblo indígena u originario o en las que se haya interpuesto acciones de reivindicación antes del 31 de diciembre del 2015.
“Las autoridades pertinentes —léase, Cofopri— procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes", reza la ley que había sido observada por el Ejecutivo.
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La congresista Digna Calle (Podemos) se reunió con Moyra Carola, directora ejecutiva de Cofopri, y adelantó que están “canalizando los primeros pasos para garantizar la ejecución de la Ley N° 32293″.
Según Calle, se permitirá que “miles de peruanos puedan acceder al derecho de contar con el título de propiedad de sus viviendas”. Además, destacó que el target principal de la norma es formalizar hogares en tierras de comunidades campesinas de la costa.
A través del PL 10745/2024-CR, Calle pretende que el plazo para dicha formalización de invasiones se amplíe hasta el 31 de diciembre del 2021. El texto ya está pendiente de debatirse en la Comisión de Vivienda del Congreso.
Las Lomas de Amancaes, por ejemplo, se encuentran copadas por invasores y traficantes de terrenos. Ley las favorecería. Foto: Archivo GEC
“Expropiación en favor de invasiones de terrenos”
Diego Saavedra, líder de Proyecto en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR, sostuvo que la ley pretende liberalizar las tierras de la costa bajo la premisa de que “varias comunidades campesinas no existen o ya no las habitan”, a fin de favorecer la creación de predios individuales para los invasores.
No obstante, advierte que el Congreso ha desconocido el derecho de las comunidades a decidir por su territorio avalados en diversos “marcos internacionales”, sumado a que no especifican detalles sobre las condiciones en la que una comunidad será despojada de su tierra.
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“Por ejemplo, una comunidad en proceso de extinción por decisión de su asamblea podría verse afectada. Se deja abierta la puerta a legalizar invasiones en disputas territoriales”, dijo a Gestión.
Saavedra recordó que el desarrollo del derecho es progresivo, y al darse pie a la formalización de terrenos en comunidades campesinas, no se puede descartar que “el Congreso apueste por legalizar figuras territoriales alrededor de zonas arqueológicas como Caral y zonas de conservación y áreas protegidas”.
Cabe recordar que Caral ya ha estado en el ojo de la tormenta por invasiones, al punto que la arqueóloga Ruth Shady ha recibido amenazas de muerte por parte de los ocupantes informales y traficantes de terrenos la ciudadela preinca.
