:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/DLSLMUJO4RHQ3MMNWMPOQQUO7Q.jpg)
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al presidente Pedro Castillo revocar los decretos de emergencia emitidos en las últimas semanas al considerar que son medidas desproporcionadas que abren la puerta a abusos contra los ciudadanos.
A través de un comunicado, la entidad, con sede en Washington, señaló que los recientes decretos que declaran el estado de emergencia en las carreteras a nivel nacional, así como las normas adoptadas para combatir la delincuencia, donde se suspenden los derechos al libre tránsito y de reunión, entre otros, deben contar con una justificación que amenace “la vida de la nación”.
La directora interina para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos, Tamara Taraciuk Broner, dijo que “suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación”.
El gobierno de Castillo fue duramente criticado la semana pasada cuando decretó un toque de queda en Lima y la vecina provincia del Callao para evitar una marcha que pedía la renuncia de Castillo, en medio de una protesta nacional de transportistas por el incremento de precios de los combustibles.
Hasta el momento, en el marco de las protestas han muerto seis personas, entre ellos un menor de 13 años, y se han registrado decenas de heridos y detenidos por los desmanes y saqueos que se produjeron en Lima, Huancayo, Ica y Trujillo, entre otras. “El presidente Castillo debe revocar los decretos de emergencia”, subrayó Taraciuk.
La directora para las Américas de HRW añadió que “sin una justificación clara, las últimas medidas parecen más un intento de detener las protestas antigubernamentales en un momento en que el Gobierno enfrenta enormes dificultades políticas”.
En tal sentido, exhortó al mandatario a “priorizar el fortalecimiento, no el socavamiento, del Estado de derecho”.
El jefe de Estado ha afrontado dos pedidos de destitución del Congreso en ocho meses de gestión y en la última marcha, el pasado 5 de abril, una de las más numerosas de los últimos meses, diversos sectores políticos confluyeron en pedir su salida del cargo.
La organización añadió que los fiscales deben realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes en todos los casos de heridos reportados en las manifestaciones, tanto civiles como policías.
Además, recordó que “la Policía debe evitar el uso de la fuerza a menos que sea necesario y proporcionado para responder a incidentes específicos de violencia”.
