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La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial el embargo de los bienes del exmandatario Pedro Castillo y de Aníbal Torres, en el proceso que se les sigue por el delito de rebelión tras el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022.
“En representación del Estado, solicita se dicte las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre los bienes e inmuebles del investigado Aníbal Torres Vásquez en el proceso abierto que se le sigue por la presunta comisión del delito de rebelión y otro”, se indica en el documento que envió el procurador Daniel Soria Luján al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema .
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En el proceso por el delito de rebelión también están investigados, además de, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Hace tan solo unas horas se dio a conocer que la Procuraduría General del Estado (PGE) quedó oficialmente constituida como actor civil o parte agravada dentro del proceso judicial que se sigue por el Golpe de Estado perpetrado en diciembre pasado.
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Así lo determinó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, que dirige Juan Carlos Checkley, al declarar infundada la solicitud que presentó el exministro Roberto Sánchez para excluir a dicha institución de su proceso.
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