En un contexto marcado por el incremento de la violencia delictiva y la percepción de inseguridad ciudadana, el Gobierno ha publicado una norma que modifica el Decreto Legislativo 1095, que regula el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.
Esta medida se suma a una serie de acciones que buscan reforzar la respuesta del Estado ante amenazas como la criminalidad organizada.
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La modificación del Decreto 1095 establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), siempre que se haya declarado previamente un Estado de Emergencia.
Este apoyo se aplicará en casos vinculados al tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos esenciales, y en otras situaciones “constitucionalmente justificadas” cuando la capacidad de la Policía se vea superada o exista riesgo de que ello ocurra.
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La norma refuerza el rol de las Fuerzas Armadas como actor clave en el mantenimiento del orden interno, especialmente en regiones donde el crimen organizado ha ganado terreno, aprovechando la limitada capacidad operativa de la PNP.
En zonas como el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), donde persisten remanentes del terrorismo ligados al narcotráfico, la participación militar ha sido constante, pero ahora se amplía el marco normativo para su intervención en otras áreas críticas del país.
Además, el texto legal dispone que el Poder Ejecutivo adecúe el reglamento del Decreto Legislativo 1095 a las nuevas disposiciones, en un plazo no mayor a 60 días hábiles. Esta adecuación normativa busca garantizar coherencia legal y operativa en la implementación de las medidas.
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La publicación de esta norma se produce en medio de una creciente demanda ciudadana por mayor seguridad, luego de semanas marcadas por asesinatos, extorsiones y ataques armados en varias ciudades del país, como Lima, Trujillo y Arequipa.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población, según diversas encuestas, y ha motivado a autoridades locales a exigir una mayor presencia militar en las calles.
