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El Gobierno peruano se opone al controvertido proyecto promovido por el Congreso para construir una carretera en la Amazonía entre Perú y Brasil a través de parques nacionales de ambos países y cerca de una reserva indígena.
El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, advirtió en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que esta infraestructura puede incentivar la tala ilegal y el narcotráfico que ya afecta a esta zona de la selva amazónica.
El proyecto de la carretera entre la ciudad peruana de Pucallpa, capital de la región de Ucayali; y la ciudad brasileña de Cruzeiro do Sul, la segunda más grande del estado de Acre, fue declarado de interés nacional por el Congreso peruano en mayo.
La iniciativa fue aprobada por el Parlamento solo con la opinión favorable de la comisión parlamentaria de Transportes y Comunicaciones, y sin haber sido revisada por la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología.
Cuestionada necesidad
A lo largo de 250 kilómetros entre ríos y bosques amazónicos, esta carretera atravesaría el Parque Nacional Sierra del Divisor, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Perú y Brasil, y también pasaría muy cerca de la Reserva Indígena Isconahua y de la propuesta de Área de Conservación Regional Alto Tamaya.
“Desde el Ministerio del Ambiente siempre se ha insistido mucho en la necesidad de entender que la infraestructura tiene que responder a una estrategia de desarrollo. Una obra de infraestructura no es una estrategia de desarrollo. Es un medio para lograr algo”, apuntó Quijandría.
“Si yo no tengo claro qué tipo de desarrollo quiero lograr en un territorio y no tengo claro cuáles son las características de ese territorio, probablemente se esté planteando una infraestructura que no necesito”, añadió.
Señaló que, fruto de las condiciones de la pandemia del COVID-19, se ha comprobado que la necesidad de una infraestructura vial “no es tan crítica”, mientras que sí lo ha sido otro tipo de infraestructura como la conectividad a internet en zonas remotas, lejanas y rurales.
Precedente negativo
Asimismo, Quijandría recordó la experiencia vivida con la carretera Interoceánica del Sur, una vía que une a Perú y Brasil por la parte sur del territorio peruano.
“En el 2001 dijimos que el efecto más claro que tendría la carretera interoceánica del sur sería facilitar la minería ilegal en la región de Madre de Dios, y lamentablemente no nos equivocamos”, precisó.
“Al facilitar el acceso y reducir los costos logísticos de los operadores de economía ilegal, sumado al aumento del precio del oro, fue una tormenta perfecta”, agregó.
El ministro consideró que esa carretera fue una de las principales causantes de que entre el 2016 y 2017 se alcanzasen un pico histórico de 50,000 hectáreas de bosques arrasados en esta región del sur, incluidos varios sectores de la Reserva Nacional de Tambopata que “por suerte se han podido recuperar”.
La Defensoría del Pueblo también se mostró en contra de la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul por considerar que pondría en riesgo la salud y vida de los pueblos indígenas en aislamiento, y en peligro los bosques vírgenes.
El organismo defensor de derechos advirtió que la resolución del Congreso “carece de análisis y sustento sobre su viabilidad socioambiental” y recordó que “es importante promover el desarrollo económico, pero este debe realizarse considerando alternativas compatibles con el desarrollo sostenible y la garantía de derechos”.