
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que en las próximas horas el Gobierno definirá las acciones que se tomarán respecto al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, tras la difusión de audios que lo vincularían con un presunto cobro de coima para excarcelar a un exintegrante de la Policía Nacional.
El premier señaló que el Ejecutivo actuará con prudencia y basará su decisión en la evidencia disponible, evitando decisiones precipitadas o guiadas por la coyuntura.
“Hay que tener mucho cuidado porque la actitud normal es que cuando un jefe, en cualquier actividad dentro del Estado, ajusta y exige a sus subordinados conducta o actitudes correctas, normalmente es saboteado por mandos intermedios”, sostuvo Álvarez.
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El titular del Consejo de Ministros recordó que en el INPE existen antecedentes de sabotaje interno contra funcionarios que intentan imponer disciplina.
“Lo que se ha dado en muchas ocasiones en el INPE es que cuando un director de penal ingresa con mano dura, inmediatamente la respuesta es el escape de uno o dos reclusos, o el escándalo en torno al pase de una droga. Esto normalmente es un instrumento para hacer que el funcionario correcto, exigente, pierda su ubicación en el Estado”, agregó.
Álvarez precisó que el Ministerio de Justicia está a cargo de la investigación y que la decisión se tomará con base en los resultados preliminares.
“En las próximas horas se tomará una decisión, pero no ajustada a la emoción o a la necesidad coyuntural. Será una decisión adecuada, de acuerdo con las evidencias”, enfatizó.

Preocupación en el Congreso
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó de “complicada” la situación del INPE y advirtió que los problemas estructurales del sistema penitenciario agravan los riesgos de corrupción y descontrol.
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“El INPE requeriría unos 33 mil agentes penitenciarios y tiene aproximadamente 11 mil, un tercio. Hay 140% de sobrepoblación en las cárceles y, de esta manera, muchas de ellas son inmanejables por la cantidad de reclusos que hay y para la cual no estaban preparadas”, señaló.
Rospigliosi subrayó que la crisis penitenciaria requiere una respuesta integral del Estado, más allá de los casos puntuales de presunta corrupción. “Todos esos asuntos deben resolverse lo más pronto posible”, puntualizó.

 
 





