Toda esta situación de inestabilidad política está generando un impacto económico y social. “Esto no empieza el 7 de diciembre. Todo el gobierno de Pedro Castillo fue de convulsión política, donde se negó a ejecutar una medida a favor de la micro empresa”, cuestionó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra.
“Ahora, en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se afectó completamente las campañas de fin de año con los bloqueos de las vías, más que con las protestas, porque obligan a las ciudades a vivir en paro. Las mypes de estas ciudades no han tenido campañas de fin de año, ¿con qué afrontan sus obligaciones si se rompe la cadena de pagos que tienen que afrontar en enero. Nosotros no hemos podido abastecer a nuestros clientes”, mencionó.
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“Solo en enero generaría, para el emporio de Gamarra, el sector mayorista, un promedio de pérdida de 200 millones de soles”, estimó a representante gremial.
Asimismo, dijo que ya son tres años que las mypes de todos los sectores productivos del país no han tenido ni una sola respuesta del Estado. “Con la señora Dina Boluarte ya son cuatro presidentes con los que seguimos las mypes esperando medidas concretas que ayuden a la reactivación económica”.
“Solo en el sector textil - confecciones estamos hablando de un universo de casi 100 mil pequeñas empresas que generan un impacto en un millón de puestos de trabajo a nivel nacional. En el cual el proceso de recuperación, hemos llegado al 50%, en nivel de empleo, de unidades productivas, en nivel de ventas; y eso deja a 50 mil mypes que no pueden salir de la quiebra”, dijo Saldaña.
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Los llamados a atender la crisis
Para los empresarios de Gamarra, se debe tomar acciones concretas sobre todo desde el Ejecutivo y Legislativo. “Son los llamados a atender esta crisis y las demandas de las personas que protestan legítimamente, y a los que ejercen violencia, vandalismo, que les caiga todo el peso de la ley; y a los que violan el derecho de los peruanos a trabajar, porque así como el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, también está garantizado el libre tránsito y el derecho a hacer empresa para hacer una vida digna”.