Ocho inmuebles fueron transferidos al Estado peruano tras declararse fundada la demanda de declaratoria de extinción dominio, los cuales se ubican en Iquitos, Nauta y las comunidades campesinas de San Juan de Miraflores y San Juan Bautista, así como una motocicleta, todo valorizado en S/ 3,861,976 y adquiridos entre 2014 y 2017.
Según la tesis fiscal, estos bienes fueron adquiridos a través de actividades ilícitas que provienen de delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y tráfico de recursos naturales que habrían generado un incremento patrimonial no justificado a la investigada Milagros Ferreyra Ahuanari.
Al acreditarse la vinculación de estas propiedades con las actividades delictivas, fueron trasladados al Estado.
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Con ello, la extinción de dominio se constituye en un mecanismo para contrarrestar -el uso inadecuado y contrario a la ley- de bienes muebles e inmuebles, así como la adquisición de patrimonio ilícito.
El Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Ministerio Público, a través de los resultados obtenidos, reafirma su compromiso con la ciudadanía, logrando el desapoderamiento de bienes a la criminalidad en sus diversas manifestaciones.
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