:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/RYTP46CYNFFT3CO6FGSMNPOKVA.jpg)
El 27 de diciembre se publicó la Ley N° 31380, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, con el propósito de contribuir al cierre de brechas sociales. Esto luego de que el Congreso le otorgó facultades legislativas con ciertas limitaciones respecto a lo que se exigió inicialmente.
Según Rafael Alcázar, socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, son cuatro los ejes que sostienen el marco de intervención del Poder Ejecutivo con respecto al ámbito financiero. “Esta ley de delegación presenta los temas en donde pueden intervenir. Las leyes que vendrían luego, que serían aprobadas por decreto legislativo, son las que van a desarrollar cómo se intervendría”, señaló.
Cabe resaltar que el plazo del Poder Ejecutivo para legislar es de 90 días a partir del 28 de diciembre. Este plazo, según Alcázar, puede ser ampliado a través de un proceso similar al de la primera autorización, pero esta sería una situación poco usual y más compleja.
Fortalecer el Banco de la Nación
Alcázar señala que el Ejecutivo tiene la facultad de, con el fin de fortalecer el margen de acción del Banco de la Nación (BN), autorizar a su directorio a aprobar, entre otros puntos, el incremento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP); el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional del banco; programas de retiro voluntario con incentivos para sus trabajadores, según sea aplicable; y la escala remunerativa del banco.
Todo ello, teniendo en cuenta los lineamientos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
“Claramente se ha dado un papel importante al Poder Ejecutivo respecto a delegar facultades al BN en cuanto a su administración y organización. Vamos a ver con qué finalidad y objetivos de mejora se darían todas estas facultades, pues no está expreso en la legislación. Se entiende que se quiere dar al banco la capacidad de afrontar nuevos retos en su actuar en el sistema financiero peruano”, indicó.
Competencia en las entidades supervisadas por la SBS
El marco de acción del Poder Ejecutivo con respecto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estaría ceñido a simplificar el proceso de licenciamiento y supervisión de las empresas que no realizan captación de depósitos del público; y, permitiendo su salida del mercado mediante el retiro de licencia, explicó.
“Si bien hay ciertas diferencias en el tratamiento (en cuanto a licenciamiento y supervisión) entre aquellas empresas que captan y no depósitos, esta debería ser mucho más notoria o menos estricta en el caso de las que no captan depósitos“, señaló Alcázar.
En ese sentido, agregó que se espera que el Poder Ejecutivo aporte en ello de una manera más rápida y de forma técnica. Hoy, a nivel internacional, ya se distinguen las diferencias sujetas a si la entidad capta o no depósitos, esta es la tendencia en la regulación actual, precisó.
También vinculado a la SBS, el Poder Ejecutivo puede dirigir esfuerzos al objetivo de facilitar la existencia de entidades u oficinas 100% digitales. “Ha habido una explosión en el tema financiero digital, por lo que se espera que haya todo un desarrollo para los requisitos de ingreso y permanencia de bancos enteramente digitales. Este es un eje relevante, coyuntural y moderno, en donde ya se ha venido avanzado”, indicó.
Competencia en empresas de transporte y custodia de dinero
Respecto a este punto, el Poder Ejecutivo tendría la facultad de reducir el capital mínimo requerido a las empresas de transporte, custodia y administración de numerario al momento de su constitución, reduciendo a su vez las barreras a la entrada de nuevas empresas de ese rubro.
“El dar foco a este tema es particular. Se puede inferir que ha identificado que la oferta en el mercado no es óptima concluyendo que reducir el capital mínimo, definido de manera técnica, mejora la competencia a los niveles requeridos. Debe haber un estudio que avale la acción a tomar”, afirmó.
Adecuar la normativa del patrimonio efectivo
En cuanto al eje de la normativa de patrimonio efectivo, los esfuerzos estarían dirigidos a adaptarla al estándar Basilea III, con la finalidad de fortalecer la solvencia y estabilidad del sistema financiero.
“Este punto es bueno para el sistema pues va a demandar una mayor capitalización a las empresas del sistema financiero que es lo ideal. El detalle es que debe ser gradual y no se impacte de manera importante, tomando en cuenta la coyuntura económica luego de la pandemia”, manifestó Alcázar.
