Las extorsiones siguen avanzando en Perú y ahora apuntan al sector transporte. Empresas dedicadas a este servicio público se han visto en la obligación de “apagar sus motores” ante la crecida ola de cobro de cupos de la que son víctimas. Ante este contexto, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, que integra al menos 30 empresas de Lima y Callao, suspenderá sus actividades hoy a fin de pedir acciones que frenen las extorsiones. ¿Cuánto puede afectar al ciudadano de a pie?
Entre las empresas que no trabajan este jueves se encuentran: Nueva Estrella, Sesosa, Vipusa, Novobus, Chim Pum Callao, entre otras.
La paralización de los transportistas en Lima Metropolitana y Callao podría tener un impacto económico de S/ 230.44 millones diarios, estimó la Asociación Automotriz del Perú (AAP).
El director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, Martín Ojeda, dijo a Gestión que se sienten atados de manos tras la problemática que viene enfrentando este sector. Manifestó que son más de 15 empresas que se ven afectadas por esta ola de criminalidad.
De acuerdo a su información, las mafias podrían cobrar a las empresas de transporte urbano una “matrícula” que fluctúa entre S/50 mil hasta S/70 mil y en el caso de los buses pueden llegar a pagar entre S/ 15 por cada vuelta que realizan.
Al realizar un ejercicio de cálculo en Lima que toma en cuenta el uso del transporte público mediante combis, couster y buses, excluyendo otras modalidades como el Metropolitano y los Corredores Complementarios. “La fórmula utilizada para estimar la pérdida económica se basa en el porcentaje de usuarios de estos medios de transporte, la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) y el ingreso promedio diario de los trabajadores” explicó el gremio.
De acuerdo con los resultados de la encuesta “Lima Como Vamos” de 2024, el 52.5% de los trabajadores en Lima Metropolitana y Callao utiliza estas unidades para llegar a sus centros de trabajo. Con una PEAO de 5′467,900 personas y un ingreso promedio mensual de S/ 2,006.9, el análisis concluye que, en caso de un paro general, la economía perdería S/ 230.44 millones si los trabajadores no pudieran laborar durante todo el día. Si la paralización afectara solo media jornada laboral, la pérdida ascendería a S/ 115.22 millones, mientras que una afectación de un cuarto de jornada se traduciría en S/ 57.61 millones diarios.
Según la Policía Nacional del Perú, hasta el momento se reporta la muerte de tres conductores y más de seis heridos; asimismo, desde fines de agosto se han registrado al menos 15 ataques dirigidos contra 11 empresas de transporte público en nueve distritos de la capital, teniendo la mayoría de estos incidentes en Lima Norte.
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“La problemática comenzó con la falta de regulación del transporte ilegal, que se asocia a mafias de extorsionadores y delincuentes ofreciendo una falsa protección (“chalequeo”). Las extorsiones iniciaron con ‘Los Pulpos’ en Trujillo, y a pesar de eso, dejaron que todo se desencadene”, explicó.
“Tanto gobiernos anteriores, como el actual, y el Congreso han sido señalados por permitir que esta situación se agrave debido a la falta de normas efectivas y medidas contra las mafias”, agregó.
El impacto en las empresas de transporte
El economista, Juan Carlos Odar, indicó a Gestión que el sector transporte representa el 5% del PBI a nivel nacional. “En el caso del transporte urbano es el 1.3 %, generando al rededor de 13 mil millones de soles al año”.
La Cámara Internacional de la Industria de Transporte señaló que no hay una cifra exacta de cuántas empresas están siendo extorsionadas, ya que no todas denuncian estos actos. “Pero, podemos deducir que hasta el momento son más de 15 compañías que han paralizado sus servicios por temor de los conductores de ser asesinados”, indicó Ojeda.
“Las empresas pierden por día más de S/ 1,000 por cada unidad extorsionada que deja de operar; y hay que tener en cuenta que cada compañía puede contar con más de 20 unidades. El problema se agrava porque al dejar de funcionar, el pasajero se ve en la obligación de tomar dos vehículos para llegar a su centro de labores, colegio, universidad”, explicó.
“La mayoría de estos conductores son personas que mantienen un hogar y perciben su ingreso por día, según las rutas y las vueltas que realicen. Al dejar de trabajar es dinero que dejan de llevar a su familia y afecta a su canasta básica”, agregó.
Impacto en los pasajeros
La paralización de los buses también afecta al bolsillo del ciudadano que hace uso de estas unidades de transporte. “Un pasaje cuesta entre dos soles y tres soles, pero si esa empresa deja de trabajar, el pasajero ya no pagará esa cantidad, sino el doble (solo de ida). Y le tomará más tiempo llegar a su destino”, dijo el representante gremial.
Además, sostuvo que hay pasajeros que toman la unidad desde Carabayllo hasta Villa María del Triunfo (empresa Etuchisa). En este caso, el pasaje fluctúa entre S/ 5.00 a S/ 6.00. Con la paralización de estas empresas, tendrá que pagar cerca de S/ 10 para llegar a su destino y para regresar a su vivienda empleará el doble de presupuesto (cerca de S/ 20 diarios).
“Con qué seguridad, una madre de familia puede enviar a sus hijos al colegio en un bus de transporte público si en cualquier momento pueden ser baleados. Una ama de casa no va a los mercados en taxis. Un trabajador promedio no usa taxis para ir a su centro de labores”, enfatizó.
¿Cuánto están afectando las extorsiones?
Silvana Huanqui, economista de la Universidad San Ignacio de Loyola (Usil), indicó que ante las extorsiones, las empresas de transporte están enfrentando mayores costos operativos; lo que podría llevar a un aumento en las tarifas del transporte público.
“El problema de las extorsiones no se limita solo al transporte, sino que también afecta a otros sectores, como el comercio. Se menciona que el 40% de las empresas (bodegas, restaurantes, tiendas) están pagando cuotas a los extorsionadores, lo que está debilitando su sostenibilidad financiera”, sostuvo para Gestión.
“El país está en un proceso de recuperación económica, pero este avance depende de factores clave como la inversión y el consumo, que están afectados por la falta de confianza y ante esta ola de extorsionadores que hace retroceder a inversionistas”, acotó.
Sin normas claras no hay inversión
La especialista indicó que existe una incertidumbre sobre las normas y el rol que están desempeñando las autoridades sobre las extorsiones, especialmente en Lima, donde se concentra gran parte de la actividad empresarial. Esto está frenando el crecimiento de la inversión. “Sin claridad en las normas y derechos básicos, los inversores no se sienten seguros para apostar por el país”.
“La confianza en el Estado está deteriorada, lo que agrava la situación. Si no se toman medidas efectivas para enfrentar estos problemas, el país corre el riesgo de perder aún más la gobernabilidad y estabilidad económica. Urge la necesidad de tomar medidas efectivas para enfrentar estos desafíos, de lo contrario, se estaría condenando el futuro económico del país”, añadió.
¿Qué rutas de transporte dejaron de operar por extorsiones?
Según se registró entre el 23 y 24 de setiembre, estas empresas dejaron de operar por temor a las amenazas de extorsión.
- Empresa Sesosa ‘Los Anconeros’ (Ancón - Surco)
- Empresa Polo SAC ‘Los Loritos’ (Ate - Ventanilla)
- Empresa Santa Catalina (San Juan de Lurigancho - Villa María del Triunfo)
- Consorcio Roma: Ventanilla (San Juan de Lurigancho)
- Empresa Etuchisa ‘Los Chinos’ (Puente Piedra - Villa El Salvador)
- Empresa San Diego (San Martín de Porres - San Miguel)
- Empresa Huáscar (San Juan de Lurigancho - San Martín de Porres).
- Estirsa
- Ramón Castilla
- San Felipe
- Tras Callao
- 22 de octubre.
¿La creación de un equipo especial contra extorsionadores es la solución?
Para el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, la solución no es la creación de este equipo especial, pues hay que tener en cuenta que en el país no hay el número de policías necesarios para combatir a ese nivel la delincuencia.
“En la actualidad hay más de 400 bandas criminales dedicadas al sicariato, secuestro, extorsión y robos. Este problema no se soluciona por la creación de un equipo especial. Urge que el Ejecutivo presente proyectos legislativos que tipifiquen como terrorismo urbano los actos violentos que involucren armas de fuego o explosivos, a fin de endurecer la respuesta legal contra la delincuencia organizada”, dijo.
“En Perú hay un policía por cada 673 habitantes, mientras que a nivel mundial la relación ideal es de uno por cada 250 o 300 personas, lo que refleja un déficit significativo”, agregó.
El exdirector de la PNP, enfatizó que “de los 135,000 efectivos asignados, solo 20,000 están dedicados a la investigación criminal, lo que representa menos del 15%. Otros efectivos están en unidades especiales o administrativas, lo que reduce aún más los recursos destinados a la lucha directa contra la delincuencia”.
“La Policía Nacional carece de equipos especializados y recursos tecnológicos para rastrear y combatir eficazmente la extorsión y otros delitos complejos, a diferencia de otros países que sí cuentan con estas herramientas”, explicó a nuestro medio.
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“El ministro del Interior debería dar un paso al costado”
Para el exfuncionario, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería dar un paso al costado debido a las denuncias en su contra y su actual gestión.
“La percepción de inseguridad en la población ha aumentado significativamente, superando el 90%, lo que refleja una crisis de confianza en la capacidad del gobierno para controlar la delincuencia”, enfatizó.
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Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.
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