El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo ha decidido impulsar una reorganización absoluta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte del paquete de facultades legislativas solicitadas al Congreso. Este giro, afirmó, llega después de intervenciones inmediatas en penales y de la desarticulación parcial de 11 bandas criminales, tanto en Lima como en regiones.
Sobre las críticas por mantener al jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, pese a los audios difundidos por Cuarto Poder, el premier indicó que no se removió la cúpula desde el primer día para evitar “descabezar” instituciones. Pero dejó claro que la reorganización en marcha sí contemplaría cambios.
“Entiendo que sí”, respondió en entrevista con Cuentas Claras al ser consultado sobre la salida de Paredes, aunque precisó que el tema lo lideran los sectores Interior y Defensa.
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El premier adelantó también que el paquete legislativo contiene 58 medidas, de las cuales 27 o 28 están enfocadas en seguridad. Entre las más relevantes mencionó la reubicación integral de internos y la creación de penales de muy alta seguridad, completamente separados de reclusos de mediana peligrosidad o primarios. Además, enfatizó que los beneficios penitenciarios “no son derechos” para internos de alta peligrosidad, y que su acceso deberá estar estrictamente regulado bajo responsabilidad penal de las autoridades penitenciarias.
Álvarez explicó que el estado de emergencia “no es un instrumento de presión contra las mafias, sino una ventana jurídica” que permite a las fuerzas del orden actuar. Sin embargo, remarcó que a diferencia de gestiones anteriores, el actual Gobierno sí está utilizando ese marco para intervenir penales, eliminar antenas clandestinas, reubicar internos altamente peligrosos y fortalecer el rol de inteligencia.
Caso Betssy Chávez y relación con México
Un segundo punto crítico de la entrevista fue la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México. Álvarez afirmó que el futuro del caso dependerá del resultado de las gestiones del canciller peruano ante la OEA, donde planteará ajustes a los criterios de asilo para evitar abusos.
El premier sostuvo que el uso del asilo para eludir procesos regulares por delitos graves constituye un “abuso del derecho” y que esta posición es compartida por varios países. Consultado sobre la conducta del gobierno mexicano, señaló que no es la primera vez que se refugia a personas acusadas formalmente, y cuestionó que algunos gobiernos “se presten” a dinámicas que —dijo— evidencian desprecio por valores democráticos.
Premier Álvarez advirtió que el Perú podría denunciar a México ante instancias internacionales por el caso Betssy Chávez. "Denunciaremos oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano", señaló. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
Al preguntársele si el Ejecutivo tiene previsto impedir que Chávez abandone el país, Álvarez fue tajante al afirmar que “si no es con un mandato expreso avalado por la Cancillería, definitivamente no”. Sostuvo que no habrá decisiones políticas unilaterales que vulneren el debido proceso.
De igual manera, descartó categóricamente que el Perú contemple acciones como las de Ecuador en 2024, cuando un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en la embajada de México en Quito y capturó al exvicepresidente Jorge Glas. “Es una hipótesis negada. El Perú es respetuoso del derecho internacional”.
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Sin embargo, sí dejó abierta una puerta. “Denunciaremos a México oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano”, afirmó, de considerar que exista interferencia en procesos judiciales peruanos.
El tiempo que tomará la evaluación solicitada a la OEA, añadió, dependerá de la propia organización y de la voluntad de los países miembros. “Puede resolverse en pocas semanas o tomar meses”, manifestó el jefe de Gabinete.
