El Gobierno de Dina Boluarte remitió al Congreso un proyecto de ley que establece la inhabilitación definitiva de las empresas involucradas en delitos de corrupción.
Según el documento (PL N° 11090/2024-PE) se prohíbe que las firmas corruptas, sean nacionales o extranjeras, participen como postores, contratistas o subcontratistas en licitaciones públicas.
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Además, se establece que tampoco podrán involucrarse aquellas incluidas en un proceso penal con acusación fiscal por corrupción, concusión, colusión y cohecho —“tipificados en los artículos 382 al 401 del Código Penal”, como reza el PL— e también “las que pretendan operar bajo un nuevo nombre comercial”.
La corrupción del caso Odebrecht ocasionó un terremoto político en América Latina. Perú no fue ajeno a dicho mal y tiene varios presidentes y autoridades involucradas en la corrupción. Foto: difusión / archivo / GEC
Uno de los casos más sonados para la opinión pública es Odebrecht.
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“La prohibición es de carácter definitivo y alcanza incluso a las personas jurídicas que pretendan operar bajo un nuevo nombre comercial, denominación o razón social, o a través de mecanismos de reorganización societaria, como la escisión y/o fusión”, indica el PL firmado por Boluarte Zegarra y el premier Gustavo Adrianzén.
Hace unas semanas la presidenta Dina Boluarte adelantó que su mandato “no iba a perdonar la corrupción” e iba a “castigar con energía”.
“No más impunidad, no más pactos de silencio. No más empresas que han comprado gobiernos ni funcionarios que se vendieron”, puntualizó.
