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Los periodistas y los medios de comunicación peruanos sufrieron durante el 2020 la mayor cantidad de ataques en lo que va de este siglo, al registrarse 239 de esas afectaciones, reveló un informe de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Esa situación superó el récord del 2007, cuando se registraron 212 ataques, y se presentó en un año “marcado por una coyuntura compleja” en la que se propagó la pandemia del COVID-19, comenzó la campaña hacia las elecciones generales y se agudizaron la crisis política y las protestas sociales en el país.
La ANP indicó que el ataque con mayor incidencia contra periodistas fue la agresión física y verbal, que llegó a 76 casos, seguido por la amenaza y el hostigamiento, con 53, y las trabas al acceso a la información, con 32.
El gremio agregó 29 intimidaciones judiciales, 16 “discursos estigmatizantes”, 12 ataques cibernéticos, ocho afectaciones laborales, seis detenciones, cinco robos y una “presión/sanción administrativa”.
Los agresores
La ANP remarcó que, después de Lima, donde se presentaron 71 casos, las provincias con más ataques fueron Huaraz, Ica, Santa y Tumbes, en cada una de las cuales se reportaron nueve ataques, seguidas por Cañete y Espinar, con siete, y Cusco y Huánuco, con seis.
En ese contexto, el informe afirmó que policías, militares, policías municipales y vigilantes propiciaron 84 de los ataques, mientras que otros 65 fueron causados por civiles.
El estado de emergencia nacional por el COVID-19 facultó a las fuerzas de seguridad a “asumir conductas extraordinarias en un Estado de Derecho”, lo que permitió que se “cometieran excesos contra periodistas que realizaban labor informativa”, agregó.
Otros 58 ataques fueron responsabilidad de funcionarios, 22 fueron causados por personas no identificadas y 10 por los empleadores.
Ataque según el medio
Según el medio, la mayoría de los ataques se dirigieron contra la prensa digital, que reportó 103 casos tras asumir “predominancia ante el impacto que la pandemia generó en los medios tradicionales, y cuya presencia mayoritaria está en provincias”.
Le siguieron los medios tradicionales, con 56 casos en la prensa radial, 55 en la televisiva y 25 en la escrita, mientras que la mayor cantidad de ataques se dio por el ejercicio del reporterismo.
Al referirse al género, el informe indicó que 141 de los periodistas atacados en el 2020 fueron hombres y 35 mujeres, mientras que los ataques dirigidos a perjudicar directamente a los medios de comunicación también fueron “considerables”, ya que llegaron a 63.
Casos emblemáticos
Entre los casos emblemáticos figura el de Daysi Lizeth Mina, quien desapareció el 26 de enero tras haber cubierto para un canal local por cable las elecciones legislativas extraordinarias en el distrito de Santa Rosa, en la provincia sur andina de La Mar.
La ANP remarcó que su familia “ha emprendido una lucha por encontrarla confrontando con la desidia del sistema de justicia”, mientras que la coalición internacional de medios One Free Press Coalition incluyó este caso entre los diez más urgentes a resolver en el mundo por ataques y hostigamientos a mujeres periodistas.
El periodista Carlos Enríquez Salinas también fue atacado físicamente, y luego denunciado, por un empresario en la ciudad norteña de Chimbote, mientras que el periodista Marco Antonio Morán fue detenido por la policía del distrito selvático de Mazamari tras ser acusado de “perturbación de la tranquilidad pública”.
Los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz fueron atacados por investigar las actividades de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana y ambos denunciaron seguimiento y amenazas de muerte, mientras que a Ugaz se le abrieron varios procesos judiciales.
Sucesos para la historia
La asociación aseguró que la semana de protestas sociales que se presentó en el país en noviembre pasado tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso “queda para la historia por lo que ha significado” y por el registro de más de 40 ataques a periodistas y medios de comunicación.
“En estos días la represión policial significó el mayor peligro”, enfatizó el gremio, antes de indicar que en la región sureña de Ica se dio en octubre “el despliegue policial más impresionante” con allanamiento de medios como “corolario a una secuencia de actos” de hostigamiento que recibió la prensa “por cuestionar al poder local”.
En el 2020 “la afectación laboral en el sector no ha tenido precedentes”, ya que más de medio millar de periodistas perdieron su empleo en Lima, otros tantos fueron sometidos a la suspensión de sus labores, y medios regionales y periodistas locales “sufrieron las consecuencias de la extrema precarización del ejercicio del periodismo independiente”, concluyó el informe.
