Educación en rojo: 320,000 niños podrían no volver a las aulas el 2022, qué medidas implementar

La educación en cuidados intensivos. El último 4 de agosto -durante la sesión de Consejo de Ministros- el ministro de Educación, Juan Cadillo León, dio cuenta al jefe de Estado, Pedro Castillo y a los demás ministros, el impacto del COVID en la educación. De acuerdo al análisis oficial: 705,000 niños, niñas y adolescentes interrumpieron sus estudios el 2020.

Además -indicó el ministro- 319,943 estudiantes tendrían alto riesgo de interrumpir sus estudios el 2022, de acuerdo a las actas que dio a conocer este fin de semana el programa Punto Final de Latina.

A esta situación se suma el efecto del COVID en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes: la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento en PISA podría aumentar -alerta el Minedu- en por lo menos 22 puntos porcentuales, es decir, a niveles por debajo del 2012.

La pandemia está dejando -además- un fuerte impacto emocional: el 34% de los estudiantes de tercero de primaria y el 45% de estudiantes de primero de secundaria han experimentado síntomas de depresión y ansiedad el 2020.

A esto panorama se suma la brecha de conectividad ya que 2.4 millones de estudiantes (6 de cada 10) de instituciones públicas de cuarto de primaria a quinto de secundaria no tiene computadora con internet. Mientras que el 56.5% no se encuentra beneficiado por el proyecto de cierre de brecha digital.

Además, el COVID -en el 2020- conllevó a la pérdida del empleo de varias familias peruanas lo que generó un incrementó de la matrícula pública que ha crecido en 500,000 estudiantes (totalizando 6.5 millones de estudiantes en escuelas públicas).

-Qué ha hecho el gobierno de Castillo-

Tras este diagnóstico, ¿qué ha hecho el gobierno de Pedro Castillo? En concreto, el último 20 de agosto se declaró en estado de emergencia el sistema educativo durante el segundo semestre del 2021 hasta el primer semestre del 2022 y se dispuso que -en 20 días- se emitiría un plan de emergencia educativo, que contenga las medidas que se adoptarán en ese lapso.

Ya han pasado más de 20 días y hasta la fecha no se ha emitido el “plan de emergencia” pese a que ya se cuenta con un diagnóstico oficial del impacto del COVID en la educación peruana. [Actualización: recién hoy, el Minedu publicó el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, pese a que ya se tenía el diagnóstico del impacto del COVID desde el 4 de agosto].

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A esta situación se suma que -en Lima Metropolitana y el Callao- se tiene previsto el retorno a la semipresencialidad de solo 16 de colegios, que implica el retorno a las aulas de 13,371 estudiantes.

A nivel nacional alrededor de 5,109 colegios de 20 regiones brindan el servicio educativo semipresencial, de los cuales 4,604 se encuentran habilitados y 505 no están habilitados. Además, a nivel nacional: del total de instituciones educativas que han retornado a algún grado de presencialidad el 96.7% se ubica en el ámbito rural; 51.5% son de nivel primaria y apenas 34.8% del nivel inicial.

-Medidas a implementar-

Tras conocer el diagnostico oficial, ¿qué medidas se deberían implementar? El exministro de Educación, Daniel Alfaro, consideró que una medida urgente es promover/impulsar el retorno a la semipresencialidad.

“Para el retorno a la semipresencialidad lo primero que tenemos que entender como sociedad es la urgencia de hacerlo teniendo en cuenta los datos de oficiales de cuántos estudiantes han perdido sus estudios el 2020 y cuántos están en riesgo de perderlo el 2022. A lo que se suma los impactos en el aprendizaje”, explicó a Gestión.

En ese sentido, recordó que -de acuerdo a un estudio realizado por el economista Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico- si tuviéramos dos años de educación a distancia, se estaría perdiendo 2.4 años de aprendizaje.

“Otros estudios indican que hasta se podría retroceder 10 años en los logros satisfactorios de comprensión lectora si continúa la educación a distancia. A lo que se suma -de acuerdo a Pablo Lavado- que cada estudiante, a lo largo de su vida, por tener dos años de cierre de escuela podría estar perdiendo S/ 79,000 aproximadamente a lo largo de su vida, por alumno”, detalló.

Otro costo incalculable -agregó- es el factor socioemocional ya que según el Minsa el 61% de cuidadores están presentando síntomas de estrés y ansiedad.

“Estos cuidadores tienen a su cargo a niños pequeños, por lo que esa situación se traslada a los menores. También se ha detectado signos de estrés y de ansiedad en los estudiantes de primaria y de secundaria por lo que es importante que no se deje de ver este impacto, que al final dejan cicatrices que son difíciles de revertir. Mientras más prolongado sea este distanciamiento social, más vamos a ahondar en esa problemática, sobre todos los más pequeños”, puntualizó.

Estos cuatro factores -subrayó- las limitaciones de conexión a internet; el impacto en el aprendizaje y en la salud emocional así como los ingresos futuros perdidos de niños y adolescentes hacen un sentido de urgencia para el retorno a clases semipresenciales, pero este retorno a clases -anotó- no debe ser como se tenía en el sistema anterior sino debe ser adaptado a la nueva normalidad.

“Se debe permitir que los docentes y los directores tengan mejores competencias para recuperar los aprendizajes perdidos por lo que las capacitaciones son vitales así como incentivos e impulsar la meritocracia ya que la permite tener claridad de cómo mejorando sus competencia va a poder ser reconocido en la escala salarial o un nombramiento en la escuela pública”, afirmó.

El exministro indicó que es importante mirar al detalle que el sector que ha sido impactado fuertemente por el COVID ha sido la matricula de los colegios privados, es decir, se redujo la matrícula en los tres niveles, siendo el inicial el que se redujo más ante la alta tasa de morosidad y el cierre de escuelas.

“El traslado de estudiantes de escuela privadas al sector público se ha dado sin que existan las condiciones para velar por el derecho educativo de calidad, lo que satura al servicio público. Tenemos una migración masiva al sistema público sin que este este preparado”, alertó.

Por lo que -aconsejó- como parte del ‘plan de emergencia’ del sector Educación se tenga acciones para el fortalecimiento de la educación privada para resguardar el derecho de los estudiantes mientras que en la educación superior se debe priorizar la formación técnica para el empleo.

-Otra mirada-

Lea Sulmont, exintegrante del Consejo Nacional de Educación y presidenta de CADE Educación 2021, indicó -de otro lado- que se deben implementar acciones para el retorno progresivo a las aulas sobre todo de los niños más pequeños (de inicial y primaria) que son los más vulnerables.

“No hay razón para que las escuelas continúen cerradas, si casi todas las actividades económicas están abiertas, cuando -además- en otras partes del mundo se están dando una reapertura de las escuelas, manteniendo las modalidades híbridas”, especificó.

La especialista también consideró vital continuar con los diagnósticos desde el Minedu para tomar la temperatura de la situación real y proveer a las instituciones educativas de estrategias para autoevaluarse y adaptarse a la nueva normalidad. “Lo peor que se puede hacer es tener una sola estrategia para todo el mundo, cuando la realidad es distinta en cada región”, aclaró.

Igualmente señaló que es básico acelerar la emisión de normativas que impulsen la incorporación de modelos de educación híbridos. “Todo lo que hemos aprendido a raíz de la pandemia se debe fortalecer como los modelos híbridos, lo que va a permitir un mayor alcance a otros poblaciones y diversificar las modalidades de formación, por lo que se necesita marco normativos más flexibles”.

También opinó que la conectividad debería ser abordado por el Ejecutivo con mayor urgencia ya que su ausencia aumenta las desigualdades y respecto al reto de la escuela pública de acoger a una mayor cantidad de estudiantes que vienen de colegios privados -a raíz del COVID- consideró que se debería abordar a través de una reorganización territorial.

“La escuela no necesariamente esta a lado de la casa, a eso se refiere repensar la reorganización territorial, privilegiando a que estén en las escuelas que estén cerca a su casa y para zonas alejadas hacer/promover redes escolares que permite una mejor gestión y sinergia entre padres y directores”, anotó.

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