El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reiteró hoy que el proceso de interdicción contra los mineros ilegales continuará y que no cederán ante las presiones para cambiar la normativa existente en la actualidad sobre este tema.
Este anuncio fue realizado por el jefe del Gabinete Ministerial tras la realización de la cuarta sesión de la mesa técnica multisectorial sobre formalización minera, desarrollada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
"Quiero señalar con énfasis lo siguiente, primero, que el proceso de interdicción contra los mineros ilegales continúa; segundo, no vamos a ceder ante las presiones de cambiar las normas legales que existen en la actualidad“, manifestó en declaraciones a TVPerú.
Asimismo, sostuvo que no se propondrán otras medidas que no sean aquellas que se están viendo en la agenda propuesta; y que se empezarán a examinar la próxima ley (sobre pequeña minería y minería artesanal) que va a ser objeto de propuesta para el Congreso de la República.
Al ser consultado sobre el retiro de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) de la mesa de trabajo, Arana manifestó que “los mineros dicen una cosa afuera y otra cosa adentro”.
Agregó que durante la sesión,un grupo de representantes mineros solicitó un cuarto intermedio para evaluar la propuesta del Ejecutivo, que se extendió por casi 40 minutos. Ante la falta de acuerdos y una respuesta clara, el Ejecutivo dio por concluida la sesión, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar el trabajo con los actores restantes.
Arana agregó que faltan cuatro sesiones más de esta mesa técnica por lo que es necesario culminar con las normas propuestas.
¿Cuál es el punto de conflicto? La Confemin anunció la suspensión de su participación en la mesa de diálogo con el Ejecutivo y advirtió que podrían retomar pide la modificación delas condiciones impuestas por el Decreto Supremo 09-2025-EM.
Consideran que es corto el plazo que les da el Gobierno —hasta el 17 de agosto— para gestionar la autorización del uso de explosivos, un requisito que consideran inviable en las condiciones actuales.
Al respecto, Arana indicó que esta norma no es autoaplicativa porque depende de datos que los gobiernos regionales aún no han proporcionado.
Pese a las exigencias de los gremios para su derogación, el Ejecutivo rechazó dicha opción. A cambio, indicó que el Ministerio de Energía y Minas emitirá una resolución directoral que precise el contenido y límites de la norma, lo que permitirá evitar interpretaciones erróneas sin vulnerar el marco legal vigente.
Propuesta de proyecto
De igual, se acordó la propuesta de un proyecto de norma que sirva como insumo para la próxima Comisión de Energía del Congreso, que debe instalarse el presente mes, siendo que este documento pueda ser enriquecido por los propios mineros y diversas instituciones involucradas.
En la reunión participaron el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; viceministros de Estado; congresistas de la República; el defensor del Pueblo; el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público.
También, representantes de gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú; y Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú.
¿Qué dice Confemin?
La Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) sostiene que se debe modificar modificar las condiciones impuestas por el Decreto Supremo 09-2025-EM.
Ismael Palomino, coordinador nacional de la Confemin, y su abogado Adolfo Valverde, señalaron que el principal punto de quiebre es el corto plazo que les da el Gobierno —hasta el 17 de agosto— para gestionar la autorización del uso de explosivos, un requisito que consideran inviable en las condiciones actuales.
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“Para cumplir ese trámite necesitamos 31,000 polvorines en todo el país, y eso no existe. Es una exigencia desconectada de la realidad”, expresó Palomino en RPP, asegurando que no existen las condiciones materiales ni logísticas para cumplir con la norma.
Según el dirigente minero, los almacenes de explosivos (polvorines) son de propiedad privada y escasos, lo que hace inviable el acceso para los más de 31,560 mineros artesanales en proceso de formalización. Por ello, exigen una prórroga de al menos cinco meses para cumplir con este requisito.
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Máximo Franco, presidente de la Confemin. Foto: GEC
Adolfo Valverde, abogado de la Confemin, fue más tajante: “El problema no es la voluntad de los mineros, sino la imposibilidad técnica. No se puede exigir lo que no se puede cumplir”.
El contexto de esta controversia se enmarca en el proceso de formalización minera, en el que miles de trabajadores artesanales buscan incorporarse al sistema legal, accediendo a derechos laborales y productivos. Sin embargo, las condiciones actuales —afirman— los empujan nuevamente a la informalidad.
En medio de las negociaciones, se reveló que Ismael Palomino se encuentra afiliado a Renovación Popular, lo que ha despertado suspicacias sobre un posible trasfondo político. No obstante, el dirigente defendió su postura, afirmando que su militancia no influye en su lucha por los derechos de los mineros.
