La toma de un canal de televisión, de una universidad, hospitales, cárceles, y otros sucesos de violencia en Ecuador ha despertado la preocupación de los ciudadanos de países vecinos. Si bien Cancillería se ha pronunciado al respecto, ha condenado estos actos y ha respaldado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se espera un pronunciamiento del gobierno de Dina Boluarte con respecto a las medidas contra la criminalidad que debería tomar el Ministerio del Interior.
Gestión conversó con Rubén Vargas, exministro del Interior, para conocer qué medidas debería tomar el gobierno peruano frente a un posible atentado en el país y al ingreso de criminales por la frontera.
-¿Qué posición debe tomar el Estado peruano frente a los atentados terroristas en Ecuador?
Ecuador se encuentra en una situación de anomia como consecuencia de la violencia generada por las organizaciones criminales y que el presidente Daniel Noboa declaró el Estado de Excepción, convirtió a las organizaciones criminales en grupos terroristas y además, declaró que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno.
Frente a esos hechos, corresponde que el gobierno peruano declare en estado de emergencia con la finalidad de controlar la frontera con Ecuador.
El Perú comparte una extensa frontera con ecuador por las regiones de Tumbes, Cajamarca, Amazonas y creo que la situación en la que se encuentra Ecuador podría convertir al Perú en una zona de refugio de estas estructuras criminales que ahora han sido consideradas en grupos terroristas.
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-¿Qué medidas deben realizarse en la frontera con Ecuador para evitar el ingreso de las bandas criminales?
A partir de una declaratoria de emergencia en la movilización de fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en el norte, tenemos una presencia militar significativa en Piura, La Libertad y Tumbes y creo que podrían ayudar perfectamente en el control fronterizo con el objetivo de evitar que ingresen estas organizaciones. Esa es la medida urgente que tiene que darse.
Necesitamos una respuesta inmediata, rápida, para evitar que los grupos criminales ingresen al territorio peruano.
Actualmente, ya operan en el Perú al menos dos organizaciones de origen ecuatoriano, me refiero a “los tiguerones” y “los choneros”. Con mayor razón necesitamos decisiones firmes, urgentes y rápidas ante esta red de violencia del Ecuador.
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-¿Puede replicarse estas acciones criminales en el Perú?
Definitivamente, sí, porque en Ecuador tuvieron posiciones muy blandas frente al crimen organizado como lo está teniendo el Perú, por eso es que llegaron a una situación inmanejable.
Perú puede repetir el escenario de Ecuador, desde mi punto de vista, así como estamos ahora, es cuestión de tiempo.
-De ocurrir una situación similar, ¿sería por parte de organizaciones extranjeras o peruanas?
De ambos, pero claramente hay una preeminencia de las estructuras criminales extranjeras por la extrema violencia que utilizan en sus acciones.
Nos hemos olvidado que distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate Vitarte, Santa Anita, entre otras, ya están secuestrados por las organizaciones criminales transnacionales como el “Tren de Aragua”. Están controladas y secuestradas.
Definitivamente, estamos transitando por la misma ruta que siguió Ecuador.
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-¿Considera que está en debate solo ampliar el Estado de Emergencia en estos distritos?
Lo que necesitamos para esas zonas y el país es una estrategia nacional contra el crimen organizado. El Estado de Emergencia en Lima y esos distritos fue una medida aislada, populista, sin sentido y demagógica. Ahora, sí necesitamos una estrategia que permita frenar el avance de crimen organizado. Ya basta de tomarlo a la ligera.
-¿Cuál debería ser la posición de Dina Boluarte y el Ministro del Interior?
Necesitamos que el ministro del Interior se encargue de temas más estratégicos y creo que sería importante que se traslade al norte para cerrar la frontera con Ecuador y evitar que los criminales ingresen al territorio peruano.
Necesitamos que por fin la presidenta lidere esta lucha porque hasta ahora vemos un gobierno sin rumbo en el tema de seguridad.
