Dudas y peligros de aplicar un modelo cocalero al estilo boliviano en Perú

Legalizar cultivos de cuencas cocaleras, reducir erradicaciones e industrializar la hoja de coca son algunas de las propuestas del partido oficialista de Perú, que siembran tantas dudas como peligros por defender, al estilo boliviano, un negocio dominado por la ilegalidad que alimenta el narcotráfico.

El debate sobre el cultivo de la hoja de coca, el insumo principal de la cocaína, se instaló con fuerza en el país luego de que el presidente Pedro Castillo manifestara en octubre que “está en el sueño del Gobierno industrializar la (hoja) de coca”.

Estas declaraciones hicieron saltar las alarmas, pero la problemática se recrudeció unos días después con el polémico nombramiento de Luis Barranzuela como ministro del Interior, un hombre abiertamente contrario a la erradicación de cultivos cocaleros y que ha durado apenas cuatro semanas en el cargo.

En ese lapso, sin embargo, tuvo tiempo de provocar la renuncia del jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y que medios locales lo acusaran de dar la orden de suspender las operaciones de erradicación en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país, lo que fue percibido como un eventual debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico.

Dos proyectos de ley

El último lance llegó la semana pasada desde el Congreso, donde el partido marxista Perú Libre, que llevó a Castillo al poder, presentó dos proyectos de ley que prácticamente calcan el modelo boliviano y, sin disimulo, copian párrafos enteros de la norma de la coca que promulgó en el 2017 el expresidente Evo Morales.

Dos días después de que el congresista Wilson Quispe presentara una iniciativa legislativa para reconocer 13 cuencas cocaleras del país, su compañera Margot Palacios interpuso otro proyecto de ley que, en la misma línea, busca regular la actividad de este cultivo, su producción, comercialización e industrialización.

Está por ver si las propuestas acabarán en ley en el hemiciclo, donde Perú Libre es la primera fuerza sin mayoría, pero varios expertos ya alertaron de que todo responde a una “motivación política” del partido de Gobierno para ampliar su base social y que “en la práctica favorece directamente al narcotráfico”.

Así lo espetó el analista en seguridad integral Pedro Yaranga, quien insistió en que replicar el modelo boliviano en Perú sería “totalmente desfasado”.

Demanda lícita cubierta

Entre las principales alertas rojas de estas iniciativas figura la falta de sintonía entre los indicadores oficiales y la intención de empadronar a miles de productores de hoja de coca y legalizar cuencas cocaleras, teniendo en cuenta que la demanda lícita en el país está largamente superada por la producción actual.

Según Devida, Perú cuenta con más de 61,770 hectáreas de superficie cultivada de hoja de coca que producen cerca de 146,360 toneladas, de las cuales solo el 8% va al consumo tradicional e industrial y más del 90% termina convertido en cocaína.

“La pregunta es: ¿El Estado va a comprar esta hoja de coca o quién? No hay mercado tradicional, no hay mercado industrial que tenga este nivel de absorción, entonces el único destino material y económicamente posible es el narcotráfico”, declaró el exviceministro del Interior, Nicolás Zevallos.

El ahora director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia agregó que “el mercado global” para la hoja de coca “no existe y no va a existir porque se le ocurra a un Gobierno”.

“Preguntémosle a Bolivia, no lo consiguió. No puedes exportar hoja de coca y si quieres exportar derivados tienen que ser sin el alcaloide a los países que lo permiten, que tampoco son muchos”, ahondó.

Polvorines peligrosos

Tanto Zevallos como Yaranga coincidieron en el peligro que supone reducir la erradicación de cultivos, que hasta la fecha ha sido la estrategia “más eficiente” en la lucha contra el narcotráfico, y criticaron el desplome “injustificado” de estas acciones, que pasaron de acabar con más de 25,500 hectáreas en el 2019 a proyectar solo 6,000 para el 2021.

“Este freno (en la erradicación), conjugado con la discusión tan ligera sobre la legalización de algunos cultivos, tiene como posible escenario futuro la expansión explosiva de la superficie cultivada”, avisó Zevallos.

Asimismo, el exviceministro aseveró que la discusión actual “está abriendo una serie de polvorines que pueden ser muy peligrosos para el propio Gobierno”.

“Se están disparando al pie y generando condiciones para un nivel de conflictividad que no estoy seguro que puedan manejar”, dijo en alusión a “la nueva ola de exigencias” que podría desatarse en otros sectores del país y a los “serios problemas” por “jugar con las expectativas de los cocaleros” sin que el Estado tenga capacidad de afrontar toda la producción que se quiere legalizar.

“Si a esto le sumas violencia, criminalidad y terrorismo, estamos en camino a la tormenta perfecta”, sentenció.