La caída política de Dina Boluarte vino acompañada de un cambio drástico en su situación judicial. Tras su vacancia por parte del Congreso la noche del jueves, y con José Jerí ya juramentado como nuevo presidente de la República, la exmandataria enfrenta un panorama legal cada vez más complicado.
Sin inmunidad presidencial ni antejuicio político que la proteja, el Ministerio Público ha acelerado los procesos en su contra y ha solicitado dos medidas de impedimento de salida del país: una por 18 meses, vinculada al caso de las cirugías estéticas, y otra por 36 meses, dentro de la investigación por lavado de activos en el caso “Los Dinámicos del Centro”.
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El juez Fernando Váldez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha programado para el miércoles 15 de octubre la audiencia en la que se evaluará el requerimiento fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país. Según el fiscal provincial Ángel Astocondor, la medida busca evitar el riesgo de fuga en una investigación que ya fue calificada de compleja, por una presunta conexión entre fondos ilícitos del partido Perú Libre y el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón.
El viernes por la tarde, Boluarte reapareció públicamente para negar haber abandonado el país. “La calma está en mí. Estoy en mi hogar (...) No está siquiera en el más mínimo pensamiento ni sentimiento patriótico dejar el país”, dijo desde su domicilio en Surquillo, intentando frenar los rumores sobre su paradero.
Del fuero presidencial al régimen ordinario
Para el abogado penalista Rolando Bazán, tras la vacancia los frentes penales más graves para Boluarte “serían, por un lado, la denuncia constitucional por las muertes y lesiones en las protestas de 2022–2023”, archivada por la Comisión Permanente el 11 de septiembre, “pero que puede volver a plantearse si aparecen hechos o pruebas nuevas en el siguiente período anual”.
A ello se suman “investigaciones por corrupción (el caso de relojes, joyas y otros hechos vinculados al ejercicio del cargo) y el proceso por lavado de activos ligado a ‘Los Dinámicos del Centro’, que va por vía penal ordinaria y ya tiene audiencia de impedimento de salida programada”.
Bazán explica que el procedimiento que sigue el Ministerio Público con una expresidenta “depende de si el hecho es delito de función o no funcional”. Si es de función —precisa— “la Constitución exige antejuicio: la Fiscalía presenta denuncia constitucional, la Subcomisión califica e investiga, la Comisión Permanente opina y el Pleno decide si hay lugar a formación de causa; solo con ese acuerdo la Fiscal de la Nación puede denunciar ante la Corte Suprema”. En cambio, si el hecho no es de función, por ejemplo, financiamiento de campaña, sigue la vía penal ordinaria ante fiscal y juez competentes, sin pasar por el Congreso, explica el abogado.
Según Bazán, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto presidencial aclara que “el blindaje rige solo mientras se está en el cargo; cesado el mandato, corre el régimen general”.
Los frentes judiciales: corrupción y lavado de activos
En el caso “Los Dinámicos del Centro”, Bazán señala que la Fiscalía ha pedido 36 meses de impedimento de salida y que el juez observará cuatro puntos, conforme al Código Procesal Penal (arts. 295–296) y al Acuerdo Plenario 03-2019: “indicios suficientes de un delito con pena relevante; necesidad y proporcionalidad para asegurar la sujeción y las diligencias; el arraigo (domicilio, familia, trabajo), la conducta procesal, los medios económicos y la magnitud de la pena en juego; y, por último, que el plazo pedido sea el estrictamente indispensable”.
El abogado agrega que, en este expediente, el juzgado ya calificó la causa como compleja, consignó 1,102 folios y convocó audiencia presencial para decidir el requerimiento. “Si se acredita peligro de fuga u obstaculización, el impedimento podría dictarse incluso en diligencias preliminares”, asevera.
Sobre el caso de las cirugías estéticas, Bazán afirma que la rapidez con que la Fiscalía solicitó una nueva medida cautelar “revela una estrategia de cerrar la puerta apenas se apagó el escudo del 117 tras la vacancia”. Explica que el Ministerio Público busca “asegurar la sujeción al proceso en los dos frentes que hoy corren en paralelo”: primero, el frente de función (cirugías/negociación incompatible), que se ventila ante el Juzgado Supremo; y segundo, el frente ordinario de lavado (‘Los Dinámicos del Centro’), con audiencia ya fijada para un impedimento de salida de 36 meses.
La exmandataria Dina Boluarte reapareció la tarde del viernes para asegurar que permanece en su domicilio de Surquillo y que no tiene intención de dejar el país. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec.
“El fin es que no le pase lo que le pasó a Nadine Heredia”
Para el penalista James Reátegui, socio del área penal del Estudio Linares Abogados, la rapidez de los pedidos de impedimento de salida responde a un objetivo claro. “El fin es que no le pase lo que le pasó a Nadine Heredia, que obviamente vaya a una embajada a asilarse, que consiga el salvoconducto y pueda viajar a otro país a asilarse. Se trata de neutralizar, precisamente, con una medida de impedimento de salida del país, que ella tome un avión y se vaya del país”, explica en conversación con Gestión.
Reátegui considera que la medida “es acertada”, ya que permite tener la presencia física de la investigada en todo el transcurso de la investigación y un eventual juicio oral. Añade que Boluarte, al haber perdido la inmunidad presidencial y el antejuicio constitucional, ha quedado como cualquier ciudadano, y “al no tener ahora un arraigo laboral acreditado o conocido todavía, se trata de una medida acertada”.
En el caso de “Los Dinámicos del Centro”, el abogado detalla que el juez deberá valorar el arraigo del investigado en el lugar donde se habría cometido los delitos, la gravedad de la pena y el comportamiento procesal que habría tenido durante las diligencias preliminares. Subraya que otro dato importante para medir el peligro de fuga será “si está dentro de una organización criminal que la haya proveído de facilidades para abandonar el país”.
Seis años de investigaciones posibles
Reátegui recuerda que Boluarte afronta alrededor de diez investigaciones preliminares y que los casos más complejos “son los de ‘Los Dinámicos del Centro’ y las protestas”. En ambos, los plazos son extensos.
“Los plazos de organización criminal, según la ley procesal penal, son de 36 meses en investigación preliminar, más otros 36 meses en investigación preparatoria. Es decir, 72 meses tendría como máximo la Fiscalía de la Nación para que pueda concluir la etapa de investigación”, detalla.
“Durante ese tiempo podría enfrentar medidas coercitivas como el impedimento de salida del país que ya se ha solicitado, o incluso prisiones preventivas si los cargos son graves y superan los cinco años de privación de libertad”, añade.
Sobre su futuro político, el penalista aclara que las investigaciones por presuntos delitos no le afectarían de ningún modo su participación política en las próximas elecciones, ya que ella está amparada bajo la presunción de inocencia. Recuerda, asimismo, que la ley de partidos políticos permite la vida política ”siempre y cuando no haya una condena por delito doloso”.
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Sin fuero ni privilegios procesales
Ambos especialistas coinciden en que, tras la vacancia, Boluarte perdió toda protección procesal. “Al haber sido suspendida por el Congreso, pierde el fuero especial que es la inmunidad, el privilegio del antejuicio político que gozaba como presidenta de la República. Al no tener eso, vuelve a la condición de no aforada”, explica Reátegui.
Bazán, por su parte, señala que la exmandataria puede “presentar escritos y, en muchas materias, intervenir por videoconferencia a través de su defensa técnica”, aunque aclara que “en audiencias de coerción personal, como el impedimento de salida, la regla es la presencialidad de la defensa”.
