Poder Judicial pide a Migraciones impedir ingreso al país de bandas criminales
Al conmemorarse hoy el Día Nacional contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de que el Estado Peruano destine el presupuesto que requieren los órganos encargados de perseguir este delito, como son el Ministerio Público y la Policía Nacional, para reforzar la labor de investigación y mejorar la recolección de información que conduzca a optimizar las políticas de protección a las víctimas.
En el Perú, según cifras de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, entre los años 2021 y 2022 se recibieron 1,814 denuncias de trata de personas, que permitieron identificar a 1,908 víctimas.
Del total de víctimas, el 85 % fueron mujeres, el 43 % eran adolescentes y el 16 % eran de nacionalidad extranjera, lo que evidencia que el Perú es un país de origen y destino de víctimas de trata y que este delito afecta a personas de todas las edades.
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De otro lado, de acuerdo al último informe anual sobre trata de personas del gobierno de Estados Unidos, correspondiente a 2023, nuestro país no cumpliría completamente con los estándares mínimos de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata, señalándose además que los servicios para víctimas adultas, niños y víctimas de trata laboral siguen siendo inadecuados.
Una sola sede dedicada a investigar exclusivamente casos de trata
Se precisó también que la financiación del gobierno para los esfuerzos contra la trata continuó siendo inadecuada, lo que obstaculizó la implementación de su política nacional para combatir el delito.
Desde la Defensoría del Pueblo se advierte con preocupación que la Policía Nacional del Perú cuenta con una sola sede dedicada a investigar exclusivamente casos de trata de personas, que se ubica en Lima. Por su parte, el Ministerio Público tiene únicamente 14 fiscalías especializadas. En aquellas regiones en las que no existen estas, las investigaciones son asumidas por fiscalías penales comunes.
Frente a ello, desde la Defensoría del Pueblo se exhortó al Ejecutivo a dotar del presupuesto suficiente para reforzar la lucha contra el delito de trata de personas. Otro aspecto que se advirtió con preocupación es la falta de información centralizada que permita implementar políticas desagregadas de acuerdo a las características de las víctimas.
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En ese sentido, resulta imperativo que los sistemas de recolección de datos sean mejorados para visibilizar poblaciones en mayor condición de riesgo por su grado de vulnerabilidad como migrantes, afrodescendientes, personas indígenas o con discapacidad.
Al respecto, el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, señaló que esta mejora en los sistemas de recolección de datos a nivel nacional, en todos los niveles del Estado, permitirá mejorar el diseño e implementación de servicios adecuados de protección integral a las víctimas de trata de personas.
“En el eje de prevención, consideramos relevante que las entidades diseñen acciones que identifiquen y aborden las causas estructurales, a fin de hacer frente a la trata de personas. En el eje de protección, por ejemplo, es importante que el Estado peruano también brinde opciones de albergue a las víctimas masculinas y LGTBI y, a su vez, fortalezca los servicios de reintegración para todas las víctimas. Y en el eje de persecución, se debe redoblar esfuerzos para luchar contra la corrupción y la impunidad en las investigaciones”, precisó.
Finalmente, el representante de la Defensoría del Pueblo informó que la institución continuará supervisando la implementación de la política nacional de lucha contra la trata de personas, la cual debe verse reflejada en los planes estratégicos institucionales y planes operativos anuales de las entidades vinculadas, con el presupuesto adecuado para cumplir con la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, referido a poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia en el país.
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