El Ministerio Público continúa atravesando una crisis institucional desde que la Junta Nacional de Justicia emitió una resolución que dejan sin efecto las medidas disciplinarias de destitución que habían sido impuestas a Patricia Benavides, en su calidad de fiscal de la Nación; su hermana Enma Benavides Vargas, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima; y Azucena Inés Solari Escobedo, fiscal suprema provisional.
En consecuencia, según la decisión, se dispone la reposición las tres magistradas en sus cargos, salvo que exista alguna orden judicial o administrativa que lo impida.
¿Qué tanto afecta este escenario al Estado? Ya sea en su gestión pública como su confiabilidad y la percepción ciudadana. Gestión conversó con Gustavo Jimenez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quien detalló más a fondo el asunto.
LEA TAMBIÉN: Juan José Santiváñez: su defensa no participará en diligencias por audios de caso Junior Izquierdo
¿A qué responde la gestión presupuestal?
Jiménez precisa que la crisis en la Fiscalía genera la continuación de una mala gestión presupuestal. Según el especialista, el Ministerio Público no ha logrado ejecutar eficientemente su presupuesto en los últimos años, devolviendo importantes sumas de dinero al Tesoro Público. Así, por ejemplo, precisó que se regresaron 332 millones de soles en 2023 y 87 millones en 2024. Según revisó en Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, las cuales son de acceso público.
“En 2022 el Ministerio Público devolvió aproximadamente devolvió 54 millones. Entonces ha ido teniendo problemas muy graves en el Estado y sobre todo con alta concentración en el pago de funcionarios, que no está mal; pero no solo puede haber pago”, indicó.
La crisis genera falta de ejecución de proyectos que afecta servicios clave como la construcción de laboratorios, centros de perfiles genéticos y mejoras en fiscalías. Esto repercute en la capacidad del Ministerio Público para cumplir su función.
“Le han subido los proyectos (al Ministerio Público) de 137 a 163. Y a la fecha, que estamos el mes, ya habiendo pasado seis meses, ellos solo han comprometido de los 163 el 10%. La pregunta es, ¿van a poder comprometer todo lo que han venido certificando en los seis meses que vienen? Entonces, es un problema de gestión”, mencionó.
LEA TAMBIÉN: Corte de Lima le da la razón a la JNJ y reincorpora a la hermana de Benavides como jueza superior
“Sé que el Ministerio Público está pidiendo más personal, obviamente como todos los pliegos tiene carencias. Pero, los proyectos que tiene este año son muy importantes. A la fecha no ha comprometido nada en la adquisición de cabinas de seguridad, de bioseguridad, de institutos de medicina legal en Lima. No ha hecho absolutamente nada para la construcción de la sede del Ministerio Público en Cañete. Han certificado el gasto, pero no significa nada", cuestionó el especialista.
“En la creación del Centro Nacional de Perfiles Genéticos en Arequipa no han hecho nada. En el mejoramiento de la primera y segunda Fiscalía Huaral o en el mejoramiento del servicio fiscal de la fiscalía superior en Lima tampoco. La renovación infraestructural para administración en Apurímac ha certificado, pero no han comprometido nada y tampoco lo han hecho en la reparación de cobertura en Apurímac”, añadió.
Fachada frontis de Ministerio Publico Fiscalia de la nacion sede en la avenida Abancay Fotos: Epensa / Giuliano Buiklece
LEA TAMBIÉN: JNJ: acta que ordena reincorporación de Patricia Benavides solo tiene seis firmas
Pérdida de la confianza en la población
Gustavo Jimenez precisa que la mala gestión y los conflictos internos generan desconfianza en la población, dificultan la investigación de delitos y pueden aumentar la corrupción y la vulnerabilidad de los derechos ciudadanos.
“La mala gestión que puedes tener hace que la gente ya no te cree. Hoy la mala gestión ha generado gastos que no estaban preparados. O sea, el Ministerio Público, obviamente, es verdad que le falta gente, pero obviamente no puede haber una guerra en el Estado donde se pierden fuerzas con denuncias y con hechos que no son concretos”, mencionó.
“Hay actuaciones que están afectando al correcto funcionamiento de la institución, que se deberían estar investigando y persiguiendo delitos, viendo la legalidad, viendo los intereses públicos, y esta mala gestión está, obviamente, en el uso indebido a un ineficiente uso de los recursos que dificulta la investigación de los casos, genera mayor corrupción, menor transparencia y sobre todo a la ciudadanía una vulnerabilidad de los derechos de la gente”, precisó.
LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra: Conoce la cronología del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
“Lo que te das cuenta es que lo que manda acá es una influencia política, una interferencia en las investigaciones y una, obviamente, manipulación total de la institución para fines políticos y económicamente le hace daño, porque pierde confianza y eso afecta hasta el Estado de Derecho”, puntualizó.
