En un nuevo recorrido por algunas arterias del distrito Los Olivos, la Defensoría del Pueblo comprobó que algunas rejas instaladas como medida de seguridad frente al nivel de inseguridad existente en la zona, cuentan con estructuras que impiden el tránsito adecuado de personas en sillas de ruedas, adultas mayores y madres con sus niños/as en coches.
Según informaron algunas personas afectadas, han hecho llegar su malestar a la autoridad municipal pero no han recibido una respuesta, hecho que ha motivado a la Oficina Defensorial de Lima Norte a pedir a la comuna establecer ciertas características que deben tenerse en cuenta al instalar una reja en el distrito, que se encuentra en estado de emergencia.
Se ha comprobado la presencia de infraestructuras de metal que no cumplen con las características técnicas que limitan el libre tránsito. En las puertas peatonales de las rejas les han agregado una especie de dos asas a los costados, así como infraestructuras en el centro para evitar el paso de motos, también se verificó la existencia de una puerta que no supera los 40 cm. de ancho, lo que impide el normal desplazamiento.
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“En diálogo entre comisionados defensoriales y vecinos de la urbanización El Trébol, admitieron que algunas rejas pueden registrar obstáculos pero que su presencia responde a los actuales niveles de inseguridad ciudadana existente en la zona y del cual se han visto víctimas varios vecinos de la localidad. En esa línea expresaron su disponibilidad de aplicar los correctivos que sean necesarios”, resaltó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Soledad Rodríguez Loli.
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que la instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no es, per se, inconstitucional, si se compatibiliza o encuentra un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Por ende, sería inconstitucional si la reja instalada limita derechos de forma irrazonable o desproporcional, como se advierte en el caso denunciado.
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Rodríguez Loli recordó a las autoridades municipales de Los Olivos que la Ley n.° 29963, Ley General de las Personas con Discapacidad, reconoce a este sector poblacional el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en igualdad de condiciones que los demás y obliga a las autoridades municipales a promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las edificaciones de su jurisdicción. También contempla la facultad de sancionar su incumplimiento.
La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a los vecinos de Lima Norte en todos aquellos momentos y actos que representen la vulneración de sus derechos ciudadanos.
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