La Defensoría del Pueblo destacó la aprobación del Proyecto de Ley 4553/2022-CR en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, el cual establece la obligación del Estado de compensar a las personas usuarias de los servicios de agua y alcantarillado ante deficiencias en la prestación de dichos servicios, que afectan en forma evidente los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, educación, vivienda, entre otros.
En ese sentido, solicitó priorizar su debate y aprobación en el Pleno.
Cabe destacar que el desarrollo y sustento de la iniciativa legislativa se basa en la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo contenida en el Informe de Adjuntía 021-2022-DP/AMASPPI: En defensa de las personas afectadas por cortes del servicio de agua y aniegos: Aportes para el diseño de un mecanismo de compensación por daños, la cual describe los casos más emblemáticos de aniegos por roturas de redes de agua en Villa María del Triunfo (2012) y San Juan de Lurigancho (2019-2021), hechos que afectaron bienes patrimoniales y produjeron cortes prolongados del servicio de agua, vulnerando diversos derechos, como el derecho humano al agua, al trabajo, a la salud y a la vivienda.
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Actualmente la normatividad no contempla un resarcimiento adecuado de las afectaciones derivadas de la deficiente prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, limitándose a establecer la obligación de las empresas prestadoras de contratar un seguro por daños a personas y bienes, señaló la Defensoría.
En otros sectores, como el sector eléctrico, existe una regulación para establecer compensaciones en casos de interrupción del servicio; y, en el sector ambiental, se compensan daños por afectación al bienestar de las personas.
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Sostuvo que por ello, resulta relevante que el proyecto de ley incluya los aportes del documento defensorial, y desarrolle los elementos para garantizar el derecho de compensación de las/los usuarias/os, como los criterios técnicos para fijar el mecanismo de compensación, la obligación de las empresas prestadoras de contratar pólizas de seguros y de contar con planes de contingencia, la implementación de una plataforma de información y la difusión de reportes por interrupciones de los servicios.
La Defensoría del Pueblo consideró necesario que el Estado asuma su responsabilidad directa y objetiva en la protección de los derechos fundamentales y frente a las deficiencias en la prestación de los servicios públicos, por lo que exhorta al Congreso de la República a debatir y deliberar el Proyecto de Ley 4553/2022-CR, para viabilizar su aprobación por el pleno antes de la culminación de la presente legislatura.
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