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La Defensoría del Pueblo instó a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a finalizar con celeridad la actualización y adaptación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción conforme a las directrices establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).
La Defensoría consideró esencial continuar con este proceso, que se inició hace tres años aproximadamente, en vista de la situación actual que vive el país y que requiere de directrices actualizadas para una implementación organizada y orientada de las acciones del Estado en la esfera de la integridad y la lucha contra la corrupción.
Esto permitirá reforzar el compromiso del Estado para erradicar la corrupción en todos los niveles, consolidar las decisiones tomadas en relación a la prevención, detección y sanción de la corrupción, y afrontar los graves problemas que esta práctica genera.
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La Defensoría del Pueblo recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el primer semestre del 2023, la corrupción sigue siendo la problemática principal en el país y su alcance multidimensional causó un perjuicio económico superior a los S/ 25,000 millones, según la Contraloría General de la República (2022).
Como consecuencia, esto ocasionó una pérdida de confianza en las instituciones y un debilitamiento del sistema democrático, afectando los derechos fundamentales de las personas, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
En ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo exigió a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a elaborar y publicar el informe anual del 2021 y el informe final del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2018-2021.
De acuerdo a la Defensoría, la transparencia en la divulgación de esta información no solo facilitará la evaluación del cumplimiento de las acciones y objetivos establecidos, sino que también permitirá a la ciudadanía supervisar las medidas tomadas en el marco de la lucha contra la corrupción.
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