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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Educación (Minedu) para que complete, de manera urgente, el proceso de distribución de los materiales y recursos educativos dirigidos a los almacenes de las unidades de gestión educativa local (UGEL) en las regiones del país.
Asimismo, a supervisar que las UGEL distribuyan estos a las instituciones educativas públicas, para no seguir afectando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
Con datos al 13 de abril, el Minedu ha entregado a nivel nacional el 83.5 % del total de la dotación programada para el año escolar 2023. A su vez, ha entregado más el 80% en las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco y Puno, y sobre el 92 % en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Moquegua, Tacna y Tumbes.
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En consecuencia, las UGEL de estas regiones deben de contratar el servicio de transporte de los materiales educativos hacia las instituciones educativas públicas, para asegurar su disponibilidad y uso desde el inicio y el desarrollo del año escolar.
Sin embargo, de las 20 regiones citadas, solamente Arequipa, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Ica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Madre de Dios, Tacna y Tumbes han entregado más de la mitad del material educativo, y de ellas, solo Tumbes ha entregado el 80.5 %.
Amazonas ha entregado apenas el 28 %, Áncash 45.9 %, Cajamarca 36.4 %, Junín 44.7 %, La Libertad y Lambayeque coinciden en un 46.2 %, Moquegua 49.3 %, Pasco 14.9 % y Puno 48.2 %.
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Al respecto, la Defensoría del Pueblo recuerda que los gobiernos regionales cuentan con más de S/35′ 293, 000 de presupuesto público para gastar en el servicio de transporte y traslado de carga, bienes y materiales, vinculado al servicio educativo.
La institución señala que la entrega de los materiales educativos por parte del Estado forma parte del derecho constitucional a la gratuidad de la educación pública. En coherencia con ello, existe el deber de las UGEL de distribuir los materiales educativos antes del 15 de marzo y como plazo máximo el 1 de abril, en zonas de difícil acceso geográfico, conforme lo dispone la directiva que regula el proceso de distribución de materiales y recursos educativos de la educación básica.
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La Defensoría del Pueblo reitera a la ciudadanía que continuará ejerciendo su rol de colaborador crítico sobre la actuación de la administración pública, y hará seguimiento de las acciones que desarrollen las UGEL y el Minedu para garantizar que toda la población escolar reciba los materiales y recursos educativos de manera gratuita, oportuna y completa.
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