En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Defensoría del Pueblo advirtió que la ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, en los tres niveles de gobierno, a menos de 3 meses de culminar el año fiscal, es en promedio de 59.2 %.
En efecto, tras una verificación en la página de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pudo verificar que el Gobierno nacional tiene un avance de ejecución del 54.6 %, los gobiernos regionales de 55.5 %, mientras que los gobiernos locales han ejecutado un 71.7 %, señaló la Defensoría.
Para la institución estas cifras demuestran una falta de gestión oportuna por parte de las autoridades, a pesar de que el Perú se encuentra expuesto a diversos peligros de origen natural e inducidos por acción humana que vienen afectando a miles de personas cada año.
“Tenemos cuatro gobiernos regionales que han ejecutado menos del 50 % de esta partida presupuestal: Puno, Apurímac, Ucayali y Callao. Además, otros seis han ejecutado menos del 60 %: Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Tacna, Áncash y Lambayeque”, precisó el adjunto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero.
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Hay 41 mil centros poblados en riesgo muy alto
El representante de la institución añadió que para el verano 2025 se ha identificado un total de 41 211 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de lluvias, los cuales comprenden un total de 2 473 604 personas que podrían ser afectadas. Asimismo, se estima que 3 640 centros poblados estarían expuestos a un riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones, con 974 749 personas que podrían resultar afectadas.
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En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recordó que todas las entidades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de implementar de manera efectiva la gestión del riesgo de desastres, con la finalidad de prevenir, reducir el riesgo y efectuar el control permanente de los factores de riesgo, así como la adecuada preparación y respuesta.
Añadió que, en cumplimiento de su mandato constitucional, continuará atenta al cumplimiento de las obligaciones de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), en salvaguarda de la vida de las personas y sus medios de subsistencia.
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