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La Defensoría del Pueblo advirtió la imperiosa necesidad de que la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 se implemente en los tres niveles de gobierno, a través de las comisiones regionales y locales contra la trata de personas, a fin de que el Estado garantice la prevención, atención y protección, reintegración y persecución de este delito de manera efectiva e integral.
En esa línea, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio de cada año, la institución elaboró el documento defensorial de “Seguimiento a las acciones de las Comisiones Regionales de Arequipa, Callao, La Libertad, Lima, Piura y Lima Metropolitana en la temática de Trata de Personas”, donde se describe y analiza la información brindada por dichas comisiones, y el trabajo articulado con la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Este informe pone en manifiesto las dificultades que enfrentan las regiones analizadas, y recomienda la creación de comisiones locales contra la trata de personas en las provincias y distritos con mayor incidencia de casos reportados.
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Así, se advierte que las comisiones regionales de La Libertad y Piura son las que han ejecutado un mayor número de actividades ligadas a la temática; sin embargo, se evidencia un retraso en el trabajo de las comisiones regionales de Arequipa y el Callao. Las posibles causas son la ausencia de voluntad política, la alta rotación de personal y cambios continuos de las autoridades en las gerencias de desarrollo social.
Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó a las comisiones regionales priorizadas impulsar dentro del primer mes del año la formulación y aprobación de planes regionales, así como planes operativos anuales de conformidad con la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y otras formas de Explotación al 2030″, a fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el Programa Presupuestal Orientado a Resultado en materia de este delito.
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De otro lado, se instó al Ministerio del Interior, en su condición de ente rector de la referida política, reforzar su labor de monitoreo y seguimiento a las comisiones regionales; brindar asesorías técnicas que generen diagnósticos situacionales de cada región que permitan el diseño de actividades adecuadas y efectivas; y elaborar el Plan Anual Intersectorial de capacitación y sensibilización dirigido a los operadores de servicios de la política nacional, según lo establecido en el Protocolo Intersectorial.
La Defensoría del Pueblo consideró importante redoblar el trabajo que se viene realizando desde las comisiones, tanto a nivel nacional y regional, para impulsar y disminuir el elevado número de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito.
Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, a marzo del 2023, el 72.6 % de las víctimas de trata de personas son captadas con fines de explotación sexual y laboral; el 90.6 % de las víctimas son mujeres, donde se continúa evidenciando un marcado componente de género de este delito; y el 48.1 % son adolescentes, niños y niñas, denotando el grado de riesgo al que son víctimas este grupo poblacional altamente vulnerable.
En cumplimiento de su rol, la institución seguirá supervisando la implementación de la actual política en materia de trata, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta por parte del Estado y evidenciar las dificultades que se presentan en la ejecución de las políticas y de la normatividad vigente, todo en aras de cumplir con la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 16: “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia en el país”.
Finalmente, se recuerdan los canales de atención y denuncia contra este delito como la Línea 1818, del Ministerio del Interior; la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y las líneas de atención de la Defensoría del Pueblo.