La Defensoría del Pueblo informó que en el mes de diciembre se registraron 215 conflictos sociales, de ellos 168 se encuentran en condición de activos y 47 latentes.
Además, en el informe se observa que se sumaron al listado dos casos nuevos, mientras que tres fueron resueltos y un caso pasó de estado activo a latente.
sobre los casos resueltos, el primero se desarrolló en Apurímac, entre el distrito de Sañayca, provincia de Aymaraes y el distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas. La comunidad campesina Pampachiri, desde hace más de dos décadas, desconoce sus colindancias con la comunidad campesina Sañayca, en el área que comprende desde el sector Sotaya hasta Socllahuire.
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A través de la Resolución Gerencial Regional N° 002-2023-GR.APURIMAC-GRDE se aprobó el plano de conjunto definitivo del deslinde y titulación a favor de la comunidad campesina de Pampachiri.
El segundo caso se registró en Huancavelica, distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica. Grupos opositores al interior de la comunidad campesina de San Cristóbal de Huancavelica mantienen un conflicto comunal en el marco del proceso de elección de su nueva junta directiva para el periodo 2021 – 2022. La Comisión Especial Transitoria de la comunidad campesina demanda la elección de un comité electoral y una nueva junta directiva.
Al respectó se informó que el registro en SUNARP deja constancia que, de acuerdo al proceso judicial recaído en el expediente N° 00571-2022-01101-JP-CI-01 “se viene tramitando la convocatoria judicial a asamblea general extraordinaria para la elección de la junta directiva comunal del periodo 2021-2022 y que no es materia de controversia la presente nueva junta directiva comunal del periodo 2023-2024. Por tanto, dicho proceso y la eventual elección de la junta directiva 2021-2022 no constituye obstáculo para la presente inscripción dada la inexistencia de incompatibilidad entre ambas”.
El tercer caso se dio en Junín, distrito de Morococha, provincia de Yauli donde la comunidad campesina de San Francisco de Asís de Pucará demanda a la empresa minera Chinalco Perú S.A. la reposición de trabajadores de la comunidad, oportunidades laborales para los hijos de los comuneros, provisión de bienes y servicios, capacitación a jóvenes y negociación del Convenio Marco.
En octubre de 2023 se realizó una reunión bilateral entre la comunidad campesina de San Francisco de Asís de Pucará y la empresa minera Chinalco, en la que se establecieron acuerdos sobre construcción de infraestructura para actividades agrícolas, promoción de participación de empresas comunales y empleo. Actualmente, continúa el diálogo bilateral para el seguimiento de cumplimiento de acuerdos.
¿Cuáles son los casos nuevos?
El primero se da en Huánuco, distrito de San Pablo de Pillao, provincia de Huánuco, donde la comunidad campesina de Pillao, ubicada en el distrito de San Pablo de Pillao, denunció que pobladores del distrito de Chinchao estarían innvadiendo terrenos comunales y realizando tala ilegal de bosques y tráfico ilícito de tierras.
El segundo se registra en Ica, el Centro Poblado de Santa Cruz de Villacurí, distrito Salas Guadalupe donde trabajadores agrarios del sector agroexportador y el Frente de Trabajadores Agrícolas (FRENTAGRI), iniciaron un paro agrario expresando su preocupación por posibles cambios en el pago de bonos y del monto de su salario diario que estaría planteando el MEF, también indican que su protesta es por la defensa de recursos hídricos, contra la inseguridad ciudadana y contra la tala de árboles en la región Ica y a nivel nacional.
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¿Qué regiones registran más conflictos?
La mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región se ubican en los departamentos de Loreto (29 casos), Cusco (18 casos) y Apurímac (16 casos). En contrates Ucayali, Tacna e Ica sólo registran una controversia, mientras que el Callao ninguna.
Además se da cuenta que 105 casos se encuentran en proceso de diálogo, 97 mediante mesas de diálogo (92.4%), ocho se encuentran en reuniones preparatorias para el diálogo (7.6%).
También se detalla que 86 casos cuentan con presencia de la Defensoría del Pueblo en los espacios de diálogo (81.9%).
Conflictos socioambientales
Los conflictos socioambientales ocuparon el 62.3% (134 casos) del total de conflictos registrados en el mes. Le siguen los conflictos de tipo comunal, con 9.8% (21 casos).
De los 134 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 67.2% (90 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 20.9% (28 casos).
