La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy los resultados de la primera supervisión nacional a los 68 establecimientos penitenciarios del país, que se llevó a cabo como parte del trabajo desarrollado por el programa “Rompiendo Cadenas”.
Según indicó la institución, por primera vez se aborda la situación de los derechos humanos de 92,723 internos. En ese sentido, se puede establecer que 49 establecimientos penitenciarios tienen más del 20 % de hacinamiento, mientras que 12 establecimientos penitenciarios presentan hacinamiento del 300 %.
Los porcentajes de hacinamiento en los establecimientos de Quillabamba, Chanchamayo, Abancay y Camaná son del 400 % mientras que el caso más grave se presenta en la sede penitenciaria del Callao, con el 509 % de hacinamiento.
Para la Defensoría del Pueblo, esta situación es crítica si se considera que más del 20 % de sobrepoblación es considerado hacinamiento. Para ello, una respuesta lógica sería la construcción de un número mayor de establecimientos penitenciarios, con los gastos económicos que ellos supondría, pero desde la Defensoría del Pueblo se plantea la creación de cárceles productivas para reos primarios, en los que pueda lograrse una verdadera resocialización de la persona detenida por delitos menores.
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Por ello, se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas asignar mayor presupuesto al Inpe para afrontar dicha problemática.
Cabe indicar que el programa “Rompiendo Cadenas” es uno de los principales hitos del primer año de gestión del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por lo que la supervisión nacional a penales de todo el país implicó la movilización del personal de todas las sedes desconcentradas y se contó con el apoyo del personal de instituciones públicas para recabar, por primera vez, información actual sobre el estado de los derechos de la población penitenciaria de todo el país.
De acuerdo a los resultados de la supervisión, se han registrado 141,181 hijas e hijos de personas privadas de la libertad, de los cuales 93,049 (66 %) son niños o adolescentes.
Esta situación, de tener a sus padres o madres privados de la libertad en un penal, genera en los niños trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, agresividad y dificultades de sociabilización. Además, preocupa a la Defensoría del Pueblo el aumento de las probabilidades de que se repitan los patrones de conducta delictiva de sus progenitores.
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De otro lado, se evidencia que, de esta última cifra, 3,287 hijos o hijas menores de edad de internos son extranjeros, principalmente de nacionalidades venezolana y colombiana. Además, 414 hijas e hijos menores de edad presentan discapacidad mental y 122 niñas y niños de 0 a 3 años viven dentro de 26 establecimientos penitenciarios.
Ante estas cifras, la supervisión concluye con importantes recomendaciones en lo que concierne a los derechos de los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad, anunciándose la creación del Registro Nacional de Niñez, Adolescencia y Juventud Altamente Vulnerable.
Además, se exhorta al Congreso de la República a aprobar la ley que crea el sistema nacional de protección a la niñez y adolescencia con énfasis en el grupo de alto riesgo de vulnerabilidad.
Las recomendaciones
Como parte de las recomendaciones, se plantea al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) la implementación de un plan integral de atención de las niñas y niños menores de 3 años que viven dentro de los establecimientos penitenciarios, que incluya cumplir con el esquema nacional de vacunación, la atención del control de crecimiento y desarrollo y la incorporación de suplementos alimentarios y hierro.
Asimismo, se exhorta al Ministerio de Educación a crear un modelo de servicio educativo en el nivel secundario dirigido a adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo de vulnerabilidad, que comprenda el aseguramiento de infraestructura, habitación y alimentación; y en el que se garantice la calidad educativa y formación técnica del estudiante para su inserción laboral.
De otro lado, se recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción Social la creación de programas de fortalecimiento de competencias laborales con énfasis en los jóvenes con alto riesgo de vulnerabilidad, como son los hijos e hijas mayores de edad de progenitores privados de su libertad, en concordancia con la demanda del mercado laboral; así como incluir a los hijos de los internos como beneficiarios del Programa Nacional de Empleo “Jóvenes Productivos”, a fin de lograr su inserción laboral.
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