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Como parte del seguimiento que realiza al proceso de vacunación contra el Covid-19 a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la falta de avance en los programas de vacunación dirigidos a los pueblos indígenas.
El Informe Defensorial: Evaluación a los procesos de vacunación en comunidades y localidades indígenas del Perú informó que aún no se ha ingresado a 64 comunidades indígenas para efectuar la vacunación en las regiones de Pasco (25), Ucayali (18), Loreto (15), Amazonas (5) y Madre de Dios (1).
La Defensoría también constató que el 26% de los 655 establecimientos de salud que pertenecen a las microrredes de salud supervisadas, no cuentan con servicio de energía eléctrica, lo que afecta a la cadena de frío de las vacunas.
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Asimismo, el 6% de este número no cuenta con equipos de refrigeración para mantener y conservar las vacunas, mientras que el 71% no cuenta con equipos electrógenos que puedan brindar energía eléctrica provisional.
También se informó que el 61% no cuenta con acceso a agua potable, y el 59% no cuenta con Internet.
Vacunación a pueblos indígenas
El organismo informó que el proceso de vacunación contra el Covid-19 para pueblos indígenas no contó con un presupuesto específico para contratar mayor personal de salud, mejorar la cadena de frío y condiciones logísticas de dicho proceso.
De acuerdo a la Defensoría, es por estas razones que no se alcanzó el número de personas inmunizadas, y por el contrario, se cuenta con bajos porcentajes de vacunación en las zonas rurales.
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También se informó sobre el rechazo que existe a la vacunación contra el Covid-19 en esta población. Una situación como resultado de la inexistente difusión de información relevante acerca de la importancia de la inmunización, “fácilmente comprensible y en el idioma local”.
Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, manifestó que estas carencias presupuestales y logísticas reflejan los problemas estructurales en el servicio de salud ofrecido a poblaciones indígenas.
“Corresponde al Estado peruano adoptar medidas urgentes para dotar a los establecimientos de salud que atienden a la población indígena de suficientes condiciones logísticas, como equipos médicos, medicamentos, personal intercultural, vehículos de transporte, combustible, equipos de refrigeración y no menos importante el acceso a servicios públicos”, concluyó.