Con ocasión del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, cuya fecha central es el 3 de julio, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de continuar trabajando para lograr la implementación efectiva de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.
En ese sentido, exhorto al Ejecutivo a retomar los puntos que aún se encuentran pendientes a siete años de entrada en vigencia de la norma, especialmente en lo que concierne a los cinco reglamentos técnicos que debieron aprobarse para aspectos específicos como el tratamiento de las bolsas reutilizables y biodegradables, así como el uso de sorbetes, utensilios biodegradables y reciclables, de los cuales hasta el momento solo ha sido aprobado uno.
Es preciso destacar que la Ley 30884, promulgada en 2018, ha significado un importante avance en materia de la política ambiental en el Perú debido a que prohíbe progresivamente el uso de bolsas de plástico en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general. “Es así que, solo un año después, se reportó una reducción del 30 % del uso de plástico en el país. Sin embargo, desde allí no se ha tenido nueva información oficial sobre los avances en la reducción del plástico”, indicó de la Defensoría.
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De otro lado, la misma norma establecía un plazo máximo de tres años para erradicar en su totalidad la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo, bajo cualquier modalidad, de bolsas, platos, utensilios y otros envases de plástico, así como el tecnopor.
Sin embargo, si bien debe considerarse aspectos como la pandemia, que obstaculizó las labores de fiscalización y obligó al Estado a dirigir sus objetivos al control de la salud, actualmente es común observar la venta y uso de envases de plástico de diferentes tipos, así como la comercialización de materiales de tecnopor en mercados, tiendas y puestos de venta de comidas o bebidas al paso.
Por ello, la Defensoría del Pueblo destacó que todavía existen factores que limitan la efectividad de la implementación de dicha ley. Por un lado, la falta de información actualizada y disponible que permita mejorar las políticas sobre reducción del uso de plástico de un solo uso.
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“A ello debe sumarse la falta de control adecuado de los gobiernos locales a través de labores de fiscalización en centros de abasto y el comercio informal, donde el control es esporádico. Además, se evidencia una falta de campañas de educación ambiental por parte del Estado dirigida a consumidores, pequeños comerciantes y productores”, acotó.
Aún no existe Organismo de Certificación de Productos
Por otro lado, en lo referido al único de los cinco reglamentos técnicos que ha sido aprobado hasta el momento, se trata del uso de las bolsas biodegradables cuya reglamentación fue establecida en 2021 mediante decreto supremo del Ministerio de la Producción. Sin embargo, la norma presenta limitaciones debido a que su efectividad radica en contar con un certificado expedido por el Organismo de Certificación de Productos (OCP), el cual todavía no existe en el país.
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Impactos en la reducción del uso de plástico
Para la Defensoría del Pueblo, esta situación limita la efectividad de la norma debido a que no se genera un verdadero control del tipo de plástico que se produce en el país, así como de sus importaciones, al otorgarse el sello de biodegradable a productos que no cumplen con esos estándares.
Esta situación genera mayor impacto si se considera que, de acuerdo con el Ministerio de la Producción, en el año 2024 se importaron más de 16,000 toneladas de plástico, los cuales, al no cumplir con los criterios de biodegradabilidad, implicarían una afectación directa al medio ambiente.
Venta de plásticos de un solo uso. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)
En este contexto, para la Defensoría del Pueblo resulta imperativo que el Ministerio del Ambiente realice un seguimiento sistemático y transparente del cumplimiento de la ley, con base en indicadores y cifras actualizadas que permitan evaluar su impacto real en la sociedad y el ambiente. Además, como ente rector en materia ambiental, debe fortalecer el acompañamiento técnico y normativo a los gobiernos locales para mejorar su capacidad de fiscalización. De igual forma, se insta al Ministerio de la Producción a priorizar la aprobación de los reglamentos técnicos pendientes, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para garantizar el cumplimiento de la ley y el control efectivo del mercado de productos plásticos en el país.
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Además, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, la Defensoría del Pueblo exhortó a todos los sectores del ámbito educativo nacional a reforzar las campañas de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, a fin de orientar y promover alternativas sostenibles que permitan garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente limpio, saludable y sustentable.
