:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Y5HVX4DD7RF6TAOIKJDO2TOIXM.jpeg)
La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, solicitó al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, evaluar el restablecimiento del estado de emergencia en Madre de Dios y Loreto, tras advertir el debilitamiento en las acciones estatales para combatir y neutralizar la minería ilegal en dichas regiones, pese a los niveles de afectación que representa para la población de ambas localidades.
A través de un oficio alcanzado en la víspera, planteó que la medida propuesta esté dirigida a dar continuidad a las operaciones policiales, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en ambas regiones. “Este pedido ha sido alcanzado y busca el respaldo de las autoridades de los ministerios del Ambiente y del Interior, así como de la Fiscalía de la Nación”, expresó la institución .
Detalló que urge combatir y neutralizar la minería ilegal y sus delitos conexos en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata; en los distritos de Fitzcarrald, Manu, Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu; y en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu, en la región de Madre de Dios; así como en el distrito de Alto Nanay, de la provincia de Maynas en la región Loreto.
Como se recordará, el pasado 25 de agosto, mineros ilegales prendieron fuego al ingreso de una instalación militar policial en el sector de La Pampa –un día después de una operación de interdicción en el kilómetro 98 de la carretera Interoceánica–, dejando como saldo un muerto y catorce heridos. “Estos hechos fueron registrados por nuestra institución como un conflicto socioambiental en crisis. Dicha situación se agrava con las recientes denuncias, de algunas organizaciones, sobre la invasión de esta y otras actividades ilícitas en zonas aledañas a la Reserva Nacional Tambopata y en la zona denominada La Pampa, sectores A-8, Mangote, y otros enclaves con el respaldo de sus ‘grupos de seguridad’ (sicarios)” expresó la Defensoría del Pueblo.
Denuncias
En el distrito de Alto Nanay, organizaciones civiles y autoridades locales de las cuencas de los ríos Nanay, Pintuyacu y Chambira vienen denunciando ante las autoridades regionales y nacionales, la presencia de ciudadanos extranjeros que se dedican a las actividades de minería ilegal en la zona, quienes operan las dragas para la extracción del oro y otras actividades ilícitas, las cuales contaminan sus aguas, atentan contra los recursos hidrobiológicos y ponen en riesgo la salud de la población, que se abastece de la ribera.
La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que la Región Policial de Madre de Dios, habría enviado al jefe del Comando de Asesoramiento General de la Policía Nacional del Perú (PNP) el informe que sustenta la solicitud de prórroga de estado de emergencia, a fin de que se dé continuidad a los operativos policiales en la zona, con el apoyo de las fuerzas armadas.
No obstante, pese al tiempo transcurrido, dicha solicitud no habría sido atendida. Ahora bien, respecto al estado de emergencia en el distrito de Alto Nanay, no se conocen acciones para su prórroga, pese a que el plazo de vigencia venció el 17 de setiembre del 2022.
Ante esta situación la institución reiteró su preocupación frente a la falta de atención oportuna a estos requerimientos, teniendo en cuenta el déficit de personal policial, logística, geografía adversa, especialmente en las zonas de explotación ubicadas en la región Madre de Dios.
Finalmente, y atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la Defensoría del Pueblo establecida en su Ley Orgánica, solicitó informarle a la PCM, en el más breve plazo, sobre las acciones dispuestas para atender las recomendaciones formuladas.
