La región de Puno, en Perú, acatará un duelo regional los próximos lunes y martes al cumplirse un año de las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que dejaron 18 fallecidos en esa jurisdicción a raíz de los enfrentamientos con las fuerzas del orden, según informaron este sábado los medios locales.
El gobernador de Puno, Richard Hancco, anunció el duelo regional para el 8 y 9 de enero para conmemorar a los ciudadanos nativos de Puno que murieron en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, de un total de 49 fallecidos a nivel nacional en dos meses de manifestaciones.
Un acuerdo regional de Puno exhortó a las instituciones públicas a realizar el izamiento de la bandera a media asta durante los dos días.
De la misma forma, el alcalde de la provincia de San Román, en Puno, Oscar Cáceres, declaró el martes como duelo provincial en recuerdo a las 18 personas que murieron en los enfrentamientos en los exteriores del aeropuerto de la ciudad de Juliaca.
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Además, se ordenó el izamiento de la bandera nacional a media asta en todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad surandina.
Cáceres realizará un homenaje póstumo y develará una placa en memoria de “los mártires” del 9 de enero de 2023.
Las manifestaciones de protesta contra Boluarte y el Congreso se extendieron a varias regiones del país, pero Puno fue una de las que mantuvo unas jornadas más masivas y con mayor duración.
Inicialmente, las autoridades negaron que las fuerzas del orden hayan recibido indicaciones para disparar a los manifestantes al cuerpo, pero las imágenes de las cámaras de seguridad, de los medios de comunicación y los testimonios de los participantes han revelado la aparente responsabilidad de algunos uniformados en los decesos.
Actualmente, la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola, son investigados por la Fiscalía por genocidio a raíz de las decenas de muertes producidas en las manifestaciones que se extendieron de diciembre del 2022 a febrero de 2023.
Precisamente, un juez peruano dictó el viernes 18 meses de prisión preventiva contra el policía peruano Joe Erik Torres Lovón por la muerte de un manifestante de 22 años, herido con perdigones en las protestas antigubernamentales en Cusco el año pasado, en el primero de los casos denunciados contra las fuerzas del orden.
Torres Lovón ha sido denunciado por la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos
La víctima Rosalino Florez Valverde, un estudiante de 22 años, recibió una serie de disparos de perdigones en el tórax el 11 de enero de 2023 en el distrito de Huanchac, en la ciudad del Cusco, y falleció dos meses después en un hospital.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe, en mayo pasado, en el que sostuvo que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano en las protestas antigubernamentales.
Específicamente, en la represión de los manifestantes en la región Ayacucho, la CIDH indicó que pudo haber ejecuciones extrajudiciales y que al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, “podrían calificarse como una masacre”.
