La situación de la región Cusco va de mal en peor. No solo enfrenta una recesión económica tras acumular tres trimestres consecutivos en rojo, con una caída promedio de, por ahora, 5.7% en su crecimiento, sino que también afrontará una disputa legal con el Ministerio de Cultura (Mincul) por el control de Machu Picchu, que genera millones de soles al año solo en venta de entradas.
El último lunes, el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, junto a su abogado, Luciano López, anunciaron que interpusieron una demanda constitucional de cumplimiento contra la institución que dirige Fabricio Valencia, a fin de exigir la transferencia inmediata y total de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) al ámbito regional.
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Esto incluye la administración y gestión total de dicho santuario histórico, así como de otros bienes que integran el patrimonio cultural cusqueño.
En diálogo con RPP, Salcedo justificó la presentación de dicha demanda, al señalar que la ley de descentralización establece unos procesos paulatinos de transferencia de dichos bienes.
“Es más, en el año 2003, se ha dado un reglamento para la descentralización de la DDC del Cusco. Hasta hoy hemos estado esperando al Ministro de Cultura, a la viceministra, para poder sentarnos. Ya habíamos comenzado, pero parece que los intereses priman más sobre lo que significa la buena gestión y administración”, indicó.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, busca que su institución tenga la administración y gestión total de Machu Picchu. Foto: Andina.
Por su parte, López recordó que la ley que crea el Ministerio de Cultura, que data del año 2010, dispuso que las antiguas unidades culturales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC), que se convirtieron en las actuales DDC, pasen a ser gestionadas por los gobiernos regionales.
“Se estableció un plazo de 120 días para que eso se haga, año 2010. Después del año 2010, esa ampliación se hizo de una manera no técnica, a través de las diversas leyes de presupuesto. La última fue el año 2022, si no me equivoco. Y luego, irregularmente, a través de unos decretos supremos, se amplió el plazo, porque eso no era competencia de un reglamento, sino de la ley, por las razones que acabo de mencionar”, sostuvo, tras precisar que, en el caso del Cusco, el proceso de transferencia ya había iniciado; no obstante, advirtió que desde hace un año se encuentra estancado, por lo que resaltó la necesidad de que su recurso sea aprobada.
Al cierre de la edición, desde el Ministerio de Cultura no se pronunciaron frente a esta noticia.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA DEMANDA: ¿OTRAS REGIONES PODRÍAN PEDIR LO MISMO?
En diálogo con diario Gestión, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, advirtió que en caso la demanda presentada por Salcedo sea aprobada tanto a nivel judicial como constitucional, abriría la puerta a que otros gobiernos regionales también puedan solicitar la administración de los sitios arqueológicos que se encuentran en su jurisdicción.
“Si un juez, la sala o el TC terminan convalidando la solicitud, eso significaría que todo lo que es fuente de turismo para el Perú pasaría a los gobiernos regionales, porque otras autoridades podrían pedir lo mismo y se los aprobarán. Toda la administración de estos sitios arqueológicos estaría a cargo de los gobernadores”, señaló.
Sin embargo, vio poco probable ese escenario, al considerar que el recurso presentado por el gobernador sería declarado improcedente. Explicó que la demanda de cumplimiento requiere que exista una ley que no esté sujeta a una interpretación, requisito que no se cumpliría en este caso.
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“En este caso, esa disposición transitoria prácticamente es algo declarativo, por cuanto requiere de una ley que detalle o dé un reglamento, pero así tal cual está la disposición, es abierta y declarativa. La demanda de cumplimiento requiere que haya una ley que no esté sujeta a una interpretación. No creo que exista una norma que le otorgue todo el poder al gobierno regional”, remarcó.
Solo el año pasado se han generado S/ 217 millones por venta de entradas a Machu Picchu, según la Cámara de Comercio del Cusco. (Foto: Andina).
Precisamente, el premier Eduardo Arana, pidió a Salcedo y a su abogado evaluar mejor su demanda, al considerar que no procedería, ya que la Constitución estableció claramente las potestades del Gobierno central y de los subnacionales, como el de Cusco.
“Si lo que él (Werner Salcedo) pretende es cambiar la potestad del Ejecutivo, lo que tiene que hacer es proponer al Congreso una fórmula legislativa para cambiar esa figura. Interponer una acción legal contra algo que está en la ley es algo que resulta preocupante, porque o evidencia un desconocimiento de la norma o lo que busca es hacer uso político de algo con un propósito que no sabemos cuál es”, aseveró en conferencia de prensa.
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EL IMPACTO ECONÓMICO DETRÁS DE LA PROPUESTA: LOS MILLONES EN JUEGO
Si bien el tema debe ser analizado de forma legal, hay un fuerte componente económico detrás de esta propuesta. Y es que Machu Picchu es considerada una fuente importante de ingresos no solo para el Cusco, sino para el país. Esto la convierte en un “jugoso botín” para aquel que logre administrarlo.
¿Cuánto dinero mueve Machu Picchu por año? El gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gore Cusco, Saúl Caipani, indicó al diario El Comercio que la venta de tickets al santuario arqueológico genera S/ 240 millones anuales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, José Fernando Santoyo, informó a este diario que solo el año pasado se habrían recaudado S/217 millones en total por la venta de entradas al recinto. De dicho monto, el 1.5% aproximadamente fue invertido en su preservación y conservación.
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“De la proyección anual que se estableció, se espera superar la venta de entradas del 2024, pero a este ritmo solo la igualaremos. No cumpliremos con la meta del crecimiento de 8% del turismo en la región con todos los problemas que hemos visto. Solo crecerá en 1% o 2% nada más, o quizás menos”, advirtió.
Un factor que refleja la reducción de compra de boletos para ingresar a Machu Picchu es la cancelación de reservas de las llegadas de turistas al Cusco. Según dijo, un 15 % de las reservas programadas para el último trimestre de este año ya han sido canceladas, lo que representa una pérdida económica superior a los S/70 millones.
Santoyo recordó que Machu Picchu no solo genera ganancias por la venta de entradas, sino por toda cadena de servicios de turismo que se genera a su alrededor, y en la región.
El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, José Santoyo, se mostró a favor de la creación de una autoridad autónoma encargada de la gestión de Machu Picchu. Fotos: Julio Reaño/GEC
Explicó que, solo en Cusco, se generan S/900 millones al año por este concepto. A nivel nacional, dijo que el monto de dinero aumenta considerablemente.
“Queda claro que el turista que viene al Perú no solo viene porque va a visitar Machu Picchu y se va, sino también hay una serie de servicios que consumen en lo que concierne al circuito sur, que empieza en Lima y luego pasa a Ica, Arequipa, Cusco y Puno. Todo esa cadena produce unos US$ 1,400 millones por año, que va a la economía nacional”, apuntó, tras precisar que de todo el aporte que genera el turismo al PBI del país, el 40% es solo por las visitas a Machu Picchu.
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Al ser consultado por la demanda presentada por Salcedo, el empresario se mostró en contra, al señalar que la Unesco ha establecido una serie de lineamientos que se deben de seguir en lo que respecta a la preservación del santuario arqueológico, algo que no podrá cumplir el Gore Cusco.
“Lo que plantea el Gore Cusco es imposible, porque hay acuerdos entre la UNESCO y el gobierno para el tema de la preservación del patrimonio mundial, lo mismo que ocurre con el Centro Histórico del Cusco, Arequipa y de Lima, que fueron declarados patrimonio mundial de la humanidad. De tal manera que esto es un compromiso del Estado y, como tal, debe ser administrado por el Gobierno central”, acotó, tras insistir en su propuesta de formar una autoridad autónoma central que se encargue de la gestión de Machu Picchu.
En caso el recurso sea acogido a nivel judicial, dijo que se generaría un impacto y una afectación directa a los sectores más vulnerables que viven del turismo del día a día en Machu Picchu; es decir, a los artesanos, guías, transportistas, los proveedores de insumos para la actividad hotelera y restaurantes.
“Si prospera la demanda del gobernador, entiendo que se le transferiría exactamente todo el mismo sistema y trabajadores del DDC, que son más de 1,000 personas. Alguien que no tiene la expertise, que no está preparado y que hereda un pasivo muy grande, no sé lo que podría hacer. No avanzaríamos hacia una gestión moderna de Machu Picchu”, indicó.
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
