Pese a las medidas que viene adoptando el Gobierno, la inseguridad ciudadana sigue avanzando a nivel nacional, sobre todo, en los 21 distritos de Lima Metropolitana y el Callao que estuvieron, hasta hace poco, en estado de emergencia.
De acuerdo con información del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) del Ministerio del Interior, solo en el primer mes del año se presentaron un total de 5,715 denuncias por delitos de homicidio, hurto, robo, extorsión y estafa en estas 21 jurisdicciones.
Estas son: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla. Estas 14 jurisdicciones estuvieron en emergencia hasta el pasado viernes 10 de enero, tras una ampliación de la medida por 45 días adicionales.
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En lo que respecta a los distritos de La Victoria (Lima Metropolitana) y Callao Cercado, Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla La Punta, Mi Perú (Callao), la medida venció en los primeros días de este mes y no fue ampliada.
Hurto, robo y extorsión, los delitos más frecuentes
El hurto y el robo fueron los delitos más denunciados en las comisarías de estas 21 jurisdicciones de Lima Metropolitana y el Callao.
Hasta el 31 de enero pasado se registraron 2,950 denuncias por hurto en estos distritos, siendo San Juan de Lurigancho (450), San Martín de Porres (299), Ate (265) y Callao (265) los que registran más casos.
En tanto, se registraron 1,532 denuncias por robo. Las jurisdicciones con más casos son San Martín de Porres (226), San Juan de Lurigancho (220) y el Callao (152).
En cuanto a las extorsiones, son 526 las denuncias presentadas en los primeros 31 días de este año. San Juan de Lurigancho es el distrito con más denuncias (109), seguido de Comas (53) y Ate (51).
El Callao registra la cifra de denuncias por homicidio más alta (20), seguido por San Martín de Porres, Carabayllo y San Juan de Lurigancho. En total, se presentaron 69 denuncias por este delito.
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Finalmente, se registran 638 denuncias por estafa, siendo San Juan de Lurigancho (97), Comas (72) y San Martín de Porres (60) los distritos con más casos.
Cabe precisar que desde noviembre pasado no se han incluido las denuncias virtuales por robo y hurto, por lo que las cifras expuestas podrían ser aún más elevadas.
Estado de emergencia: ¿se debe usar nuevamente la medida?
Durante el lapso de tiempo que estuvo vigente el estado de emergencia en estos 21 distritos de Lima Metropolitana y el Callao se registró una mayor presencia policial y de las FF.AA. en las calles y puntos claves, como los paraderos, estaciones del Tren Eléctrico y Metropolitano, así como en zonas adyacentes a centros comerciales, bancos, mercados, entre otros.
Sin embargo, la presencia policial y militar en dichas zonas no obtuvo el efecto disuasivo que se esperaba, debido que se seguían cometiendo delitos como robo, extorsión y sicariato. En paralelo, se produjo un efecto rebote, ya que las bandas criminales trasladaron sus actividades ilícitas a los distritos aledaños, en los que no había un fuerte control.
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En diálogo con Gestión, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, y el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideraron, por separado, que ningún estado de emergencia dictado por este Gobierno dio resultado.
“La declaratoria de emergencia no es una estrategia. Creo que el Gobierno y algunos analistas se equivocan cuando pretenden convertir esto en una estrategia. Lo que hemos visto es que el Ejecutivo ha recurrido al estado de emergencia porque no tienen idea de como enfrentar el problema central de la inseguridad ciudadana”, indicó Vargas.
A juicio del experto, esta problemática no se soluciona con estados de emergencia, tal como pretende hacer ver el Gobierno. En ese sentido, consideró que recurrir a este tipo de medidas es demagogia pura y populismo.
“Este fenómeno es bastante complejo, que tiene que ver con economías ilegales, acciones preventivas, y coordinación intersectorial. Eso tiene que ver con una estrategia”, apuntó.
Por su parte, Pérez Rocha consideró que los estados de emergencia dictados por este Gobierno fracasaron debido a que no se puso en práctica lo estipulado en los Decretos Supremos respecto a la participación de las FF.AA.
“En el primer artículo de esos decretos se precisaba que el control del orden interno estará a cargo de la PNP, con apoyo de las FF.AA. También se señala que la Policía determinará los lugares donde se asignará al personal militar. Ese primer artículo no se cumplió (...) por ejemplo, en San Juan de Lurigancho se veía que cuando se hacía control de identidad, con el apoyo de las FF.AA., todo el proceso duraba dos a tres horas, luego desaparecían. Por eso es que esta medida nunca surgió efecto”, aseveró.
En la quincena de enero pasado, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, no descartó la posibilidad de declarar un nuevo estado de emergencia en algunos distritos a nivel nacional para combatir la delincuencia; sin embargo, precisó que se “rediseñará el aspecto constitucional de las limitaciones de derecho para que se adecúen a la situación actual de criminalidad”.
Según dijo, habrá mayor presencia policial en las calles debido a que se compraría el día de franco del personal, así como se contratará personal especializado en investigación criminal para que ataquen puntos focales de atención delictiva, entre otras medidas más.
Para Pérez Rocha, una nueva declaratoria de emergencia solo funcionaría si es que se garantiza una real y adecuada coordinación entre la PNP y las FF.AA. En tanto, Vargas consideró que dicha medida estaría nuevamente condenada al fracaso, por lo que advirtió que las cifras de delitos seguirían al alza.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
