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Tras dar inicio a la paralización de los buses del corredor Morado, Gerardo Hermoza, representante de la empresa concesionaria indicó que si este lunes no se llega a tener un acuerdo favorable con el Ejecutivo, se iniciará con la baja del servicio total de estas unidades y que empezarán a liquidar a sus trabajadores.
Horas después el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, sostuvo que el problema del corredor Morado, debe resolverse normativamente.
Pérez Reyez recalcó que, después de un análisis, se llegó a la conclusión de que no hay un marco jurídico que permita al Gobierno pagar directamente las compensaciones a las tres empresas del corredor morado y por esa razón, añadió, se les planteó una modificación normativa, es decir una ley para resolver este problema.
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Refirió que su portafolio mantiene las puertas abiertas al diálogo con los transportistas y, prueba de ello, ha sido la reunión que esta mañana sostuvieron el viceministro del sector y el vocero del corredor Morado, Gerardo Hermoza, en la sede ministerial.
No obstante, manifestó que mientras no haya una solución se ha dispuesto que más de 500 buses de rutas cercanas al corredor atiendan la demanda de los pasajeros entre San Juan de Lurigancho, el Cercado de Lima, Magdalena y San Isidro, a fin de que puedan ser transportados hacia sus destinos.
“Todo está operando relativamente bien, esperamos llegar a un diálogo que permita resolver la problemática del corredor morado, pero, reiteramos el interés del gobierno por mantener el proceso de formalización del transporte urbano. Lo más importante es que debemos hacer esto de cara al cumplimiento de las normas y, en ese sentido, estamos planteando un proyecto de ley para poder resolver este problema”, indicó a la prensa tras el Consejo de Ministros.
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Gerardo Hermoza explicó que la razón de la paralización del corredor morado es no haberse cancelado al concesionario la compensación acordada con la Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), ascendente a más de S/ 300 millones.
El MTC ha informado que, según la Ley de Promoción de Inversión Privada, no existe un marco legal, ni contractual que permita a la ATU otorgar, mediante trato directo, el pago de indemnizaciones que involucren recursos públicos que no son de libre disponibilidad.
Por esa razón, para garantizar la continuidad del servicio, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para crear las condiciones legales y económicas “que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de corredores complementarios”.
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