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La Contraloría General de la República señaló que la inacción y falta de respuesta de las autoridades frente a los desastres naturales son pasibles de sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado.
La institución exhortó a las autoridades del gobierno nacional, regional y local a adoptar de manera urgente las acciones y medidas de prevención necesarias, así como a hacer uso de los recursos públicos disponibles, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población en este contexto.
Asimismo, la Contraloría indicó que la actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia.
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En los últimos cinco años los fondos del Programa Presupuestal 068, destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender de emergencias por desastres, no han sido usados diligentemente, observó
Detalló que el Gobierno Nacional ejecutó el 74.9%, los gobiernos regionales el 62.3% y las municipalidades el 68.5%. Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12.8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6% y 5.9%, respectivamente.
“La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos –evidenciadas en las visitas de control y en más de 13 mil alertas emitidas por la Contraloría- son pasibles de sanción que puede llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado”, señaló la entidad mediante un comunicado.
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“Dicho incumplimiento en una situación de emergencia, sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o dejar de actuar con diligencia, dejando de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán ejemplarmente sancionadas”, agregó la Contraloría.
Contraloría presentará dos proyectos de ley
En línea con la problemática expuesta, la contraloría anunció que remitirá al Congreso de la República dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante estados de emergencia.
Detalló que una está relacionada con la inaplicación de normativas infralegales de los sistemas administrativos y funcionales, que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos, y otra, que establezca que todas las entidades públicas dispongan como mínimo del 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
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