Fovipol favoreció a inmobiliarias con más de S/ 34 millones, según Contraloría

La Contraloría evidenció que el Fondo de Vivienda Policial de la Policía Nacional del Perú (Fovipol), favoreció a un contratista y un desarrollador inmobiliario con pagos de adelantos por S/ 34,708,569, ya que se adjudicaron dos programas de vivienda en Lambayeque y otros dos en Piura, por un total de casi 1,000 viviendas, las mismas que no fueron culminadas ni entregadas a los beneficiarios.

Proyectos inmobiliarios en Lambayeque

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 037-2023-2-3792-AC identificó que funcionarios del Fovipol gestionaron y suscribieron contratos de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) para la administración, pagos y gestión de dos programas de vivienda en Chiclayo, llamados “La purísima” y “Carlos Stein”, por un valor de S/ 38,487,075 en el 2019.

Según el reglamento de Fovipol, no se contemplaban facultades para la constitución de esos mecanismos, ni establecía esta figura como requisito para ejecutar los programas de vivienda. Además, tampoco se contempló la Ley N° 24686, Ley de Creación del Fondo de Vivienda Militar y Policial, ni en su reglamento.

Bajo el proceso de selección “Adjudicación Selectiva por Invitación” (ASPI), la entidad eligió al constructor encargado de ejecutar el programa de vivienda sin realizar una licitación pública. En este proceso, se incluían 98 viviendas unifamiliares y 100 departamentos de cinco edificios para el proyecto “La Purísima” y 46 viviendas unifamiliares en “Carlos Stein”.

Además, se suscribió una modificación al contrato inicial llamada “Cláusula Adicional y de Ratificación de Contrato de Obras” en la que se contemplaba que el contratista solicite un adelanto del 25% del monto total de ambos proyectos y que se apliquen garantías hipotecarias sobre inmuebles de propiedad del constructor o de un tercero.

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Ello no estaba contemplado en la normativa de contrataciones del Estado ni tampoco en la normativa interna del Fovipol y que modificó lo establecido en las bases del proceso de selección. Al amparo de este cambio, el contratista solicitó un adelanto de S/ 9,621,769.

La Contraloría considera que se habría favorecido indebidamente al contratista, al haberse modificado las condiciones iniciales del contrato con el constructor, incorporando una garantía hipotecaria en reemplazo de la carta fianza de fiel cumplimiento.

Con respecto a la obra, la Contraloría revela que el contratista no cumplió con el objetivo del contrato de obra, por lo que el Fovipol ordenó al Comité de Gestión de Desarrollo Inmobiliario instruir a Cofide a resolver el contrato con la empresa constructora.

Para el proyecto “La Purísima”, los motivos para resolver el contrato fueron la paralización unilateral de trabajos por parte del contratista, deficiencias técnicas en la ejecución de la obra y la modificación unilateral del proyecto por parte del constructor. Mientras que en “Carlos Stein”, a pesar del adelanto otorgado, nunca se inició la obra, pese a no existir justificación alguna para ello.

La Contraloría estableció que estos hechos generaron un perjuicio de S/ 9 621 769 y se determinó presunta responsabilidad en 16 servidores públicos del Fovipol, de los cuales nueve están en actividad y siete en situación de retiro.

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Proyectos inmobiliarios en Piura

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 050-2023-2-3792-AC, señala que para los proyectos de vivienda “Las Palmeras de San Pablo” en la provincia de Piura y “Oasis de Colán” en la provincia de Paita, ambos en la región Piura, también se gestionó y se suscribieron contratos de fideicomiso con Cofide pese a no contar con dicha facultad, por parte de los funcionarios del Fovipol.

Este proceso tuvo un periodo de evaluación, fue del 5 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, y se menciona que en ambos proyectos sse debió ejecutar 680 viviendas unifamiliares de S/ 103,189,006, de los cuales, S/ 66,120,000 corresponden al proyecto “Las Palmeras” (456 casas), S/ 34,227,200 al proyecto “Oasis de Colán” (224 casas) y S/ 2,841,806 para la supervisión de obra.

En este caso, la ASPI fue adjudicada a un desarrollador inmobiliario que incumplía los requisitos establecidos en las bases del proceso, ya que presentó documentación inexacta que no acreditó su solvencia económica para la ejecución de proyectos de vivienda en Piura.

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De igual manera, se suscribió el contrato y se acordó 18 meses como plazo para culminar las obras. Además, se modificaron las estipulaciones contractuales para entregarse S/ 25,086,800 a favor del contratista como adelanto, sin cumplir con presentar una carta fianza establecida en la normativa y a cambio de eso, establecieron como garantía la constitución de una garantía hipotecaria, lo cual no está considerado en la norma.

La Contraloría evidenció que, hasta el momento, no se realizó la entrega de las 680 viviendas a los policías aportantes al Fovipol y que “los hechos expuestos se originaron por el incumplimiento de las funciones y deberes de los funcionarios y servidores del Fovipol, ya que con su actuar de manera directa, parcializada, indebida y contraria a la Ley de creación de los Fondos y su reglamento”.

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