La Contraloría General de la República dio a conocer las irregularidades en la gestión de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal (DGPE) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con relación a la transferencia y destino de un predio en Villa María del Triunfo.
Mediante el Informe de Control Específico N° 016-2024-2-4413-SCE, la Contraloría dio a conocer que dos funcionarios y una profesional de la DGPE evaluaron y declararon sin sustento legal la nulidad de oficio de un acto administrativo que revertía parcialmente a favor del Estado un predio de 16,067.88 m², inicialmente transferido en el 2008 a la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (MVMT).
El terreno, destinado originalmente para un complejo deportivo en beneficio de la comunidad, fue ocupado posteriormente por un centro comercial, operado por una empresa privada.
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A través de la Resolución N° 118-2008/SBN-GO-JAD, se realizó la transferencia original, que estipulaba el uso específico del predio para la construcción de instalaciones deportivas y comerciales.
Sin embargo, en el año 2010, la MVMT firmó un contrato de concesión con una empresa inmobiliaria y esta compañía constituyó derecho de usufructo por 30 años a favor de un Patrimonio en Fideicomiso respecto a un área de 11,123.79 m² que forma parte del predio. Luego de una serie de adendas y cesiones, los más de 11,000 m² fueron cedidos a una empresa vinculada al sector de supermercados.
En el 2020, la SBN realizó una supervisión y determinó que el área destinada al proyecto deportivo era menor en comparación con la superficie utilizada para actividades comerciales, lo que llevó a la recomendación de revertir parcialmente la propiedad al Estado. Esta medida fue ejecutada en la Resolución N° 0709-2021/SBN-DGPE-SDAPE.
Frente a ello, la DGPE emitió la Resolución N° 055-2022/SBN-DGPE, declarando la nulidad de oficio de todo el procedimiento de reversión parcial, y beneficiando a la empresa privada; con ello, se le permitió mantener sus operaciones comerciales en el predio. Según el informe de la Contraloría, esta acción carecía de sustento legal y contradecía las normativas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
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Recomendaciones de la Contraloría
El informe se recomienda iniciar acciones legales contra los tres funcionarios involucrados, incluyendo a dos exdirectores de la DGPE y a la abogada que asesoraba dicha dirección.
En ese sentido, se recomendó al órgano Instructor realizar el procesamiento de estos tres funcionarios públicos de acuerdo a su competencia, y al procurador público especializado en Delitos de Corrupción, a dar inicio a las acciones penales que correspondan.
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