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Durante el Megaoperativo de Control Ica, la Contraloría General ejecutó 328 intervenciones en entidades públicas de la región, lo que representa 32% más de lo programado inicialmente. Del total de intervenciones, destacan 179 servicios de control posterior (107) y simultáneo (72), cifra que superó la meta en 66% y significó el despliegue de 141 auditores en las cinco provincias iqueñas.
La presentación de resultados del Megaoperativo de Control en Ica, estuvo a cargo del Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental, Martín, Diaz, quien informó que con el control posterior se examinaron recursos públicos por S/ 138.8 millones y en S/ 11.4 millones se encontraron hallazgos, observaciones, así como presuntas responsabilidades (administrativas, civiles y penales) por inconducta funcional y presunto uso indebido de recursos públicos. El perjuicio económico supera los S/ 4.1 millones.
Como producto del control posterior, las comisiones auditoras detectaron 110 hechos irregulares en los 107 servicios de control posterior ejecutados (los cuales representan 30% más de servicios programados). De ellos, 22 corresponden a servicios de control específico, 81 acciones de oficio posterior y 4 auditorías de cumplimiento.
Los servicios de control posterior permitieron identificar 65 presuntas responsabilidades administrativa (32), civiles (21) y penales (12) de 32 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, por presuntos actos de inconducta funcional y corrupción.
Control simultáneo
Con relación a los servicios de control simultáneo efectuados, la Contraloría realizó 72 intervenciones (es decir, 177% más de lo programado) en las modalidades de visita de control (63), orientaciones de oficio (39) y control concurrente (42). Como consecuencia de ello, se advirtieron 144 situaciones adversas, de las cuales 69 de ellas fueron resueltas o están en proceso de implementación las medidas para superar las observaciones encontradas.
Por genérica de gastos, tenemos que el mayor monto examinado corresponde a inversión pública y, en menor medida, tenemos la adquisición de bienes y prestación de servicios; así como también la contratación de recursos humanos, entre otros. Mientras que los principales sectores económicos examinados fueron: Transporte, Agropecuario, Educación y Protección social, entre otros.
Cabe destacar que, inicialmente, se programó intervenir 63 entidades, pero finalmente se intervinieron 88 entidades, lo que representa 40% más de lo previsto inicialmente. Con el Megaoperativo de Control Ica, que se inició oficialmente el 5 de julio del 2021, se cubrieron las cinco provincias y 43 distritos iqueños durante los cinco meses de ejecución.
Evaluación de denuncias
Durante el megaoperativo de control también se cumplió con la meta de evaluar 116 denuncias ciudadanas, de las cuales 38 de ellas se atendieron mediante correo electrónico, 31 a través de Mesa de Partes, 22 vía formulario web, 21 mediante las audiencias públicas “La Contraloría te escucha” y cuatro denuncias fueron atendidas de oficio.
Asimismo, se realizaron 33 actividades que promueven la integridad y prevención como las audiencias públicas virtuales, charlas de sensibilización, cursos “El control social en tus manos”, entre otros, superando la meta programada en 38%.
Servicios de control en marcha
Cabe destacar que, actualmente, existen ocho servicios de control posterior en proceso donde se está evaluando más de S/ 81 millones y donde es factible identificar posibles responsabilidades penales, civiles y/o administrativas. Las entidades auditadas son el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, la Municipalidad Distrital de Huancano (2), la Municipalidad Distrital de Parcona, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y la Municipalidad Provincial de Ica (2).
La meta es culminar, al cierre del año, estos servicios de control, los cuales serán puestos a disposición de la ciudadanía en https://www.gob.pe/contraloria y en el Buscador de Informes de Servicios de Control, como parte de la política de transparencia y acceso a la información pública.
