Contraloría detecta irregularidades en el último proceso de compra de fertilizantes

Un nuevo informe de control de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el último proceso de compra de las más de 65,500 toneladas de fertilizantes.

Así, se reveló que durante último proceso de compra de fertilizantes por parte de Agro Rural no hubo una adecuada evaluación de las empresas postulantes en la licitación.

Según el documento, se evidenció la falta de uniformidad, por parte del equipo de compras, en la aplicación de criterios respecto a la evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

Se trata de la presentación de los estados financieros por periodos menores a los últimos 3 años requeridos y el condicionamiento en el plazo de entrega de urea a la recepción de la carta de crédito, pese haberse establecido que es al día siguiente hábil de la notificación de la orden de compra.

Cabe señalar que la empresa ganadora fue Ready Oil Supply LLC. Según el informe, presentó solo su estado financiero del 2021. La empresa aseguró que durante el 2019 y 2020 cesó actividades por la pandemia, por lo que no tuvo operaciones.

Asimismo, se detectaron diferencias en el plazo de entrega, pese a haberse establecido en 45 y 60 días para el primer y segundo lote, respectivamente; incumpliéndose con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas actualizadas.

Por ello, el órgano de control enfatizó que esta situación “no garantizaría la exactitud de los resultados del proceso, y que éste se haya efectuado con igualdad de trato y de forma transparente”.

Por ello, se dispuso remitir el informe a Agro Rural con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que, en el marco de sus competencias y obligaciones, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso.

Finalmente, el titular de Agro Rural deberá comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de 5 días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las observaciones detectadas.

El pasado 20 de julio la Contraloría ya había detectado irregularidades en el tercer proceso de compra de urea, que está a cargo de Agro Rural, y que pondría en riesgo la campaña agrícola 2022-2023.

En aquella ocasión se detectó que para la adquisición internacional de fertilizantes “no habrían considerado condiciones para la amortización de adelantos, presentación de la declaración jurada anticorrupción, otras penalidades y plazos en las fases de suscripción y ejecución contractual”.

Por su parte, Agro Rural señaló, a través de un comunicado, en todas las etapas del proceso se contó con el control simultáneo y el acompañamiento permanente del Órgano de Control Institucional de la entidad otorgándosele el acceso irrestricto a todas las herramientas informáticas a través de las cuales se desarrolló el proceso. Para los actos públicos, se contó con la presencia de un notario público.

“Respecto de los estados financieros solicitados: estos se han requerido con el fin de acreditar sola y exclusivamente solvencia y capacidad financiera. Nunca se determinó la antigüedad como requisito de calificación de los participantes, ni en la directiva ni en ninguna de las absoluciones de consultas”, precisaron.

Con relación a que no se hubiese observado las ofertas de plazo inicialmente presentadas por ambas empresas, Agro Rural dijo que rechazan la afirmación debido a que éstas se encuentran relacionadas al Incoterm ofertado en la parte inicial (Incoterm CIF), el cual fue observado en su momento y subsanado posteriormente por los postores, en la etapa de subsanación de ofertas. “Cabe precisar, que durante esta etapa también se aplicó el principio de discrecionalidad conforme al marco legal vigente”.

“Agro Rural se ratifica que el plazo de entrega rige a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, por lo que las propuestas admitidas se dan en estricto cumplimiento de la normativa vigente. La carta de crédito internacional, mencionada por el Órgano de Control Interno, es una herramienta de pago de acuerdo con los usos y costumbres del comercio internacional y se da conforme a lo establecido expresamente en las “Especificaciones Técnicas” como una opción abierta para que la empresa adjudicada pueda solicitar un adelanto”, subrayó.

Agrego que si el equipo a cargo de la contratación hubiera adoptado la decisión que sugiere el Órgano de Control Institucional, es decir de “descalificar” a las ofertas de las Direct Agro y Ross Oil Supply LLC, dejando de lado los usos y costumbres del comercio internacional y la facultad discrecional para la toma de decisiones, el Estado Peruano habría incurrido en un sobrecosto de US$ 2 millones 820,241 para la adquisición de 65,587 TN de urea; situación que si habría constituido un perjuicio económico”.