
La Contraloría General de la República reveló que en el marco del operativo “Seguridad Ciudadana en Lima Metropolitana y Callao 2025”, se encontró que 284 cámaras de videovigilancia no están operativas, lo que afecta el monitoreo y la efectividad del sistema de seguridad en diversas zonas del Callao. Además, se hallaron más de 20 motocicletas sin utilizar debido a la falta de personal, y vehículos en malas condiciones por la falta de mantenimiento adecuado.
Durante la intervención, que abarcó varios distritos de la provincia constitucional del Callao, los auditores identificaron problemas significativos en la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, lo cual pone en riesgo la eficacia del servicio proporcionado por los gobiernos locales. Las municipalidades de Ventanilla, Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua Reynoso fueron las más afectadas.
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En Ventanilla, de las 701 cámaras de videovigilancia, 200 están inoperativas. Además, se detectó que 156 cámaras funcionales no almacenan las imágenes durante el período estipulado de 45 días, lo que impide que las autoridades y la ciudadanía tengan acceso a grabaciones que podrían ser clave en investigaciones de seguridad. En cuanto a las motos de serenazgo, 20 de las 50 unidades no se utilizan por falta de personal.
En Bellavista, 53 de las 197 cámaras están fuera de servicio, y cinco monitores también están inoperativos. Además, el servidor que almacena las grabaciones solo guarda las imágenes por un máximo de 18 días, mucho menos que los 45 días requeridos por la normativa.
En La Perla, se hallaron 17 cámaras inoperativas y varios vehículos, incluyendo dos camionetas y una motocicleta, que no están en condiciones de operar correctamente, lo cual compromete la respuesta y efectividad del servicio de seguridad. Mientras tanto, en Carmen de la Legua Reynoso, 14 cámaras de un total de 40 no están funcionando debido a la falta de mantenimiento, lo que pone en peligro la cobertura y el monitoreo de las zonas de riesgo.
Acciones y recomendaciones:
La Contraloría ha instado a las autoridades locales a tomar medidas correctivas inmediatas para garantizar que el sistema de videovigilancia y los vehículos de seguridad estén en condiciones operativas. Se les ha solicitado que elaboren un plan de acción con medidas preventivas y correctivas para optimizar el servicio de seguridad ciudadana.
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El operativo, que involucró a cerca de 90 auditores, abarcó 27 distritos de Lima y Callao, y sus acciones de control podrían beneficiar a más de 8.3 millones de personas, principalmente en áreas con mayores índices de criminalidad.